El antiguo Partido del Partido Cristiano de la Unidad Social (PUSC) tuvo una fase significativa entre 2018 y 2022. En este contexto, Erwen Masís Castro ha calificado como “ridícula” la acusación presentada por un abogado general en su contra, que lo señala por supuestos delitos relacionados con la violación de los deberes y la legislación, así como la administración en beneficio propio. Este tipo de alegaciones son serias y pueden afectar la reputación y la carrera política de un individuo, especialmente en el marco del sistema democrático costarricense.

En su defensa, Masís ha manifestado: “Como ciudadano costarricense, siempre he sido y seguiré siendo profundamente respetuoso con la legislación nacional y las autoridades competentes. Sin embargo, me veo en la necesidad de expresar mi sorpresa y confusión sobre el asunto que me imputa, lo que incluso considero ridículo”. Este tipo de declaraciones son comunes entre aquellos que se ven envueltos en polémicas legales, pero deben medirse con la gravedad del contexto y el impacto en la opinión pública.

Los hechos que se le atribuyen a Masís ocurrieron el 17 de septiembre de 2020, durante una sesión extraordinaria en la compensación legislativa en el antiguo edificio. Según los informes, “el antiguo ganado participó con su voto positivo en un movimiento de apelación que tenía la intención de eliminar una sanción administrativa establecida por la presidencia del Congreso”. Este detalle es crucial, ya que hemos visto en múltiples ocasiones cómo estos aspectos técnicos pueden ser usados como armas en el ámbito político.

La sanción mencionada involucraba la no percepción de la dieta de la sesión, ya que se confirmó que Masís había ingresado a la sesión después del cierre de puertas, y la ausencia de quórum ya había decidido que no se llevaría a cabo la reunión. Según el ministerio público, la situación es más compleja porque, “a diferencia de su deber de participar en la votación por una importancia económica directa, el ex diputado se posicionó a favor de eliminar la sanción”. Aquí, el elemento financiero y la integridad del proceso legislativo se conjugan, planteando interrogantes sobre la ética política del acto en cuestión.

Practica tu derecho

Masís ha indicado que los aspectos técnicos y legales de este caso serán abordados por sus defensores en los procedimientos correspondientes. Esto es fundamental, ya que el debido proceso es un derecho inherente a cualquier ciudadano en un estado de derecho. Sin embargo, también añadió un comentario significativo: “No puedo dejar de señalar que la pretensión del borde del tiempo a una sesión de la Asamblea Legislativa es hace cinco años, y el derecho a votar en una apelación a favor de la justicia es un delito; es una interpretación que simplemente no resiste el más mínimo análisis”. Estas palabras reflejan la complejidad de los temas que se manejan en el ámbito político y legislativo.

El ex representante del gobierno en el Banco Central de América del Banco Económico agregó: “Como costarricense, el uso inadecuado de los recursos públicos en este tipo de procesos es profundo, y lamento sinceramente que no se hayan considerado las críticas legales de gran peso, incluso emitidas por la sala constitucional, lo cual está claro sobre el ejercicio de la voz legislativa”.

El caso de Erwen Masís se maneja en el archivo número 22-000370-1218-PE, y es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan los políticos en el contexto costarricense, donde la percepción pública y la integridad del sistema democrático están constantemente bajo la lupa.