El diputado Eli Feinzaig, quien también es el líder del Partido Liberal Progresista (PLP), ha emitido una fuerte condena en relación a las acciones del Ministerio de Finanzas. Según él, este Ministerio está intentando acceder a información personal de individuos adinerados a través de diversas plataformas de telecomunicaciones, como teléfonos móviles, servicios de línea fija, y conexiones a Internet. Esta medida ha levantado grandes preocupaciones sobre la privacidad y la protección de datos en el país.

De acuerdo con Feinzaig, entre el 12 y el 14 de marzo, el Ministerio de Finanzas envió una solicitud a varias compañías de telecomunicaciones, en la que exigía información detallada sobre sus clientes. Esta información incluía el nombre completo, número de identificación, número de pasaporte, así como si la persona es nacional o extranjera. Además, pidieron los números de teléfono, direcciones de correo electrónico, detalles sobre el lugar de trabajo y la dirección domiciliaria. Este tipo de requerimientos resulta alarmante, ya que plantea serias dudas sobre la gestión de la información personal y su uso adecuado.

El diputado también reveló que se ha solicitado que la información sea proporcionada en un plazo de 10 días hábiles; sin embargo, advirtió que las empresas que no cumplan con esta requisitoria se enfrentarían a multas millonarias. «Esto es mucho peor que el ascenso y Faro Pac», afirmó, indicando que el PLP considera inaceptable que se acuda a estas prácticas sin una investigación adecuada que justifique tal acción.

Feinzaig cuestionó la naturaleza de la investigación del Ministerio, preguntando: «¿Está Hacienda investigando a todos? ¿Con qué propósito? Si la información que exigen no parece ayudar a la recaudación fiscal y está prohibido que las operadoras la transfieran, ¿por qué insisten en hacerlo?» Su postura es un reflejo de la inquietud social sobre la intromisión estatal en la vida privada de los ciudadanos.

Protección de datos

Feinzaig también recordó que el derecho a la intimidad es un principio fundamental que debe ser respetado y que está garantizado por la constitución política del país. En este contexto, destacó que la Ley 9698, que trata sobre la protección de datos, establece que cada individuo tiene la propiedad de su propia información personal y resalta el principio de consentimiento informado. «Nadie puede utilizar la información sin la autorización del individuo», enfatizó el legislador a través de un comunicado de prensa.

Además, subrayó que, para que un ciudadano otorgue su consentimiento, debe ser informado sobre la finalidad de uso de sus datos y el tipo de tratamiento que se les dará. Según Feinzaig, la exigencia de solo 10 días a las operadoras para recopilar la aprobación de todos sus clientes resulta ser una tarea prácticamente imposible.

“Cuando uno contrata servicios de telecomunicaciones, se está entregando información personal a un tercero, el operador, que la guarda con fines comerciales y que solo puede usarla para ofrecer el servicio contratado. El operador no es el propietario de esos datos, sino únicamente su custodio”, aseguró el diputado. Por lo tanto, reiteró que «ningún tercero tiene derecho a acceder a esos datos sin el consentimiento del usuario, a menos que sea a través de una orden judicial o una autoridad administrativa en una investigación válida», concluyó.

Respuestas de la hacienda

En respuesta a las preocupaciones expresadas por el Comisionado Adjunto, el director de la administración fiscal, Mario Ramos, salió al paso de las críticas, defendiendo la solicitud de datos de usuarios por parte del Ministerio. Ramos rechazó la hipótesis de que este movimiento tenga motivaciones políticas, tal como lo insinuó Feinzaig.

El director fiscal afirmó categóricamente que la administración tributaria desmiente cualquier alegato que indique que la recopilación de datos confidenciales podría poner en peligro el trabajo habitual del Ministerio de Finanzas, y mucho menos que se emplearán para fines electorales. «La dirección general de tributación ha estado solicitando esta información durante varias décadas, y por lo tanto no es una novedad», añadió Ramos, destacando la regularidad de este tipo de requerimientos.

“Desde hace años, estas compañías han estado colaborando brindando información sobre sus clientes”, remarcó, a lo que se suma el contexto actual en el que se han intensificado las medidas de fiscalización.

Comentario del editor: Información actualizada a las 15:47 con el puesto del Ministerio de Finanzas.