La oficina del fiscal ha realizado una solicitud formal para imponer una pena de prisión severa contra cuatro ex oficiales de la policía de tránsito, así como también contra siete individuos que están acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a la transferencia y venta de drogas. La situación ha causado un gran revuelo en la comunidad, teniendo en cuenta la naturaleza delictiva que se les imputa.

Los oficiales de tránsito que enfrentan estas graves acusaciones son conocidos por los nombres de Bravo, López, Uleate y Salas. Estos individuos, que alguna vez tuvieron la responsabilidad de mantener el orden y la ley en las vías, ahora se encuentran en la cuerda floja enfrentando serias repercusiones legales.

Por otro lado, los otros individuos implicados en este caso tienen nombres que han resonado en los medios de comunicación: Zambrana, Arce, Matamoros, Artavia, Porras y Rodríguez. Este conjunto de acusados ha suscitado preocupación en la ciudadanía sobre la infiltración de estructuras criminales en roles de autoridad.

Los crímenes que el ministerio público ha atribuido a estos acusados son especialmente alarmantes e incluyen: tráfico nacional de drogas, homicidio calificado, lamento, falso ideológico y una serie de infracciones relacionadas con armas, que abarcan el incumplimiento de regulaciones sobre armas, así como su posesión y transporte, además de marketing ilícito. Durante el proceso legal, estos delitos fueron expuestos en detalle mientras el fiscal Héctor Bodán leía las acusaciones al tribunal.

Este grupo de acusados fue arrestado el 21 de diciembre de 2023, tras una serie de operaciones policiales que se llevaron a cabo en la fortuna de San Carlos y en otras localidades cercanas. La reacción de las autoridades ante estos hechos ha sido de gran medida, tratando de desmantelar lo que parece ser una red consolidada de crimen organizado.

Desde que comenzó el juicio el 7 de enero, se han presentado un total de 54 testigos, lo que ha dado un marco sustancial a las evidencias presentadas en juicio. La semana pasada, la oficina del fiscal concluyó la etapa de presentación de pruebas y alegaciones, y procedió a solicitar las elevadas penas para los acusados.

Los fiscales han solicitado penas específicas para cada uno de los oficiales de tránsito:

• Bravo: 63 años
• Salas: 50 años y 3 meses
• López: 36 años
• Ulate: 12 años

Asimismo, para los civiles involucrados, las penas solicitadas son las siguientes:

• Zambrana: 63 años
• Matamoros: 49 años
• Artavia: 48 años
• Arce: 21 años
• Porras: 17 años
• Rodríguez: 17 años

Además de las penas de prisión, el fiscal también ha solicitado al tribunal que se imponga una deshabilitación para el cargo público durante un periodo de diez años a estos ex funcionarios, con el fin de prevenir futuros abusos de poder.

El debate judicial continuará el próximo lunes, donde se presentarán las conclusiones por parte de la defensa. Este caso ha tenido un impacto significativo en la percepción pública sobre la corrupción y el crimen en las instituciones del país.

El tribunal está compuesto por los jueces José Blanco, Susana Bolaños y Sergio López, quienes tienen la difícil tarea de evaluar las evidencias y declaraciones presentadas hasta el momento.

*Con información del corresponsal Maryluz Rojas