La Corte Suprema ha tomado la decisión de enviar a la Asamblea Legislativa la acusación formulada contra el subdirector general oficial Alexander Barrantes. Este movimiento es crucial para discutir su desempeño y la posible violación de normas de privacidad que se han puesto en entredicho.

Con la solicitud realizada por el poder judicial, se plantea la necesidad de determinar las alternativas viables, en caso de que el legislador decida no renunciar a su puesto. Además, se debe evaluar la posibilidad de revocar esta jurisdicción para que el caso pueda ser probado ante un tribunal competente.

El ministerio público emitió un comunicado donde se establece que, “de acuerdo a la legislación vigente y las regulaciones del Parlamento, es necesario iniciar el proceso que permite discutir el levantamiento de la inmunidad legislativa, debido a la acusación formal por un delito de soborno inapropiado relacionado con la modificación de un castigo”. Esta declaración se realizó el miércoles pasado, subrayando la seriedad de las alegaciones.

El Fiscal General, Carlo Díaz, había acusado a Barrantes, quien ocupa el cargo de Director General Adjunto, en enero de este año. Esta acusación se refiere a un incidente ocurrido en noviembre de 2022, en el cual Barrantes extendió una invitación al representante adjunto del Frente Amplio, Sofía Guillén, en la sede de la Embajada, a cambio de su apoyo para aprobar el Proyecto Eurobone.

Guillén, al abordar el tema, mencionó que al inicio de esta sesión, Barrantes le había ofrecido cargos y embajadas a cambio de su respaldo en la votación de Eurobons. “Me encontré en estado de shock y al mismo tiempo ofendida, ya que la gente que me eligió no lo hizo para ser parte de este tipo de maniobras”, expresó con evidente descontento.

En consecuencia de este escándalo, una investigación formal fue iniciada por la Oficina del Ministro de Justicia, donde se elevó la solicitud de un levantamiento de inmunidad. “Se determinó en esa etapa de investigación que se había ofrecido una opción desproporcionada al uso de un funcionario o a personas cercanas a la infracción que él representa. El mismo día, el diputado se pronunció en contra de tales hechos”, se detalla en el comunicado.

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La oficina del fiscal general como demandante

En los casos que involucran a un miembro del Parlamento con inmunidad, se activa un procedimiento especial que debe ser respetado con rigor.

“Cuando el Secretario de Justicia presenta una acusación contra un individuo que posee inmunidad, es imperativo enviar el documento a la Corte Suprema. Esto permite que el caso sea investigado y analizado adecuadamente para decidir si se solicita al cuerpo legislativo que inicie el proceso de levantamiento de esta jurisdicción especial”, explicó el Ministerio Público en su informe.

Tras ese análisis, los magistrados emitieron su resolución el miércoles y enviaron la solicitud correspondiente a la Asamblea Legislativa, donde se programará una reunión del Comité Legislativo para definir una fecha específica para discutir la petición del tribunal respecto al Ministerio Público.

El Ministerio Público subrayó que la oficina del Ministro de Justicia está actuando tanto como demandante como parte civil en este caso, reflejando la gravedad del asunto en cuestión y su relevancia para la administración de justicia en el país.