La Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Legislativa tiene el archivo de ley del archivo no. 24.612 Confirmado, promovido por la diputada social -cristiana María Marta Carballo, que produce la obligación de combinar el trabajo y el estudio como parte de cualquier prisión fija.

La medida tiene como objetivo fortalecer la reintegración social, reducir la repetición y contribuir a la seguridad de la hamburguesa.

Según la iniciativa, las personas que han sido privadas de libertad deben estudiar, estudiar o realizar ambas actividades bajo la supervisión de la Dirección General para el ajuste social. Aquellos que se niegan, sin ser liberados, perderán el acceso a los beneficios de prisión y cumplirán con su sentencia completa.

Trabajar bajo control institucional

El régimen de trabajo es solo durante el día y con un máximo de ocho horas al día. No generará una relación de trabajo, ni se debe realizar en beneficio de las organizaciones de ganancias.

Además, irá acompañado de una política de riesgo y una consideración económica definida por el Ministerio de Trabajo y el Seguro Social (MTSS).

Esta remuneración se distribuirá semanalmente: el 25% para las pensiones de alimentos, el 25% para las obligaciones financieras, el 25% para el estado por los costos de alojamiento y el 25% restante se dividirá entre los gastos personales y una graduación.

Las personas condenadas por delitos graves como homicidio, tortura, delitos sexuales, tráfico de drogas o delitos contra la humanidad solo pueden trabajar dentro del Centro Penitenciario, a excepción de los criterios profesionales que lo autorizan.

Estarán exentos del régimen de trabajo que excede las 65, mujeres embarazadas y personas con restricciones físicas o psicológicas a menos que la autorización médica.

Educación como alternativa

En términos de estudio, los programas deben realizarse con instituciones reconocidas por la adaptación social. La privación de la libertad tendrá que demostrar el progreso académico, de lo contrario deben integrarse en el régimen laboral.

“Este proyecto es un beneficio directo para toda la sociedad, al promover la reintegración, reducir la repetición y construir comunidades más seguras. Pero también es una oportunidad para superar para aquellos que cumplen una sentencia hoy”, dijo Carballo.