La Asamblea Legislativa, en plena comisión III, Aprobado expediente 23.908 en primer debateque busca brindar mayor protección a los costarricenses en casos de fraude.

Pero para la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), el texto No resuelve el problema “real”. que es la incursión del crimen organizado en este tipo de delitos.

“El fraude electrónico es un fenómeno relacionado con el crimen organizado que requiere un enfoque integral basado en la prevención, la educación financiera y la cooperación entre autoridades, entidades financieras y ciudadanos. En esta línea, no se han cumplido los criterios técnicos necesarios para solucionar de manera integral este problema, al no determinar responsabilidades a quienes cometen el delito en un comunicado de prensa”, indicaron en un comunicado.

Para la organización, la figura de “culpa severa” como elemento dentro del análisis de responsabilidades, para que se pueda determinar si la compensación es adecuada.

Sostienen que la iniciativa establece un principio de responsabilidad de las entidades financieras en la preservación de los recursos de los clientes, “Pues esto siempre ha sido responsabilidad de los bancos y ya es legislación”añadió el ABC.

¿Qué dice el proyecto?

El texto establece un marco de responsabilidad objetiva para las entidades financieras, tanto públicas como privadas, obligándolas a responder por los daños y perjuicios derivados del robo de dinero o de la insuficiente custodia de fondos por parte de terceros ilícitos, independientemente de la existencia de deuda.

Entre los cambios fundamentales destacan desde la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor en procesos administrativos y judiciales, trasladando la obligación a las entidades de demostrar que sus sistemas no han sido vulnerados y que mantienen los controles preventivos exigidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

El proyecto establece un procedimiento formal de queja con estrictos plazos de resolución (30 días naturales), la obligación de ofrecer canales de atención 24 horas al día, 7 días a la semana y la implementación de protocolos de emergencia para víctimas de estafas.

Además, contemplan mecanismos de compensación como la devolución de fondos si la entidad no decide en un plazo de 120 días, la compensación por decisiones extemporáneas y la devolución de los intereses cobrados tras el fraude.

La normativa refuerza la lucha contra el engaño estableciendo prisión por autoengaño y exige a la SUGEF actualizar anualmente los estándares de ciberseguridad.