En su reciente informe ante la Asamblea Legislativa, el Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, emitió duras críticas hacia la Oficina del Ministro de Justicia y al sistema judicial en general. Cuestionó no solo su legitimidad, sino también su operatividad, y exigió una transformación profunda de estas instituciones que, según él, han fallado en cumplir con su misión.
Chaves no se detuvo ahí; acusó a los últimos tres fiscales generales de actuar de manera arbitraria y según criterios que son opacos y poco claros. Comentó que estas figuras deciden “solo Dios sabe a qué incentivos se aplican a la ley y quién la exime de la ley”, insinuando que previamente había una falta de autoridad judicial que permitía esta arbitrariedad. El presidente expresó su preocupación por la ausencia de investigaciones y condenas respecto a actos de corrupción que envuelven a partidos políticos, lo que sugiere la existencia de una red que, como un reloj suizo, protege ciertos intereses y sectores de la sociedad.
El presidente fue aún más contundente al afirmar que en el sistema de fiscalía “no hay justicia para todos” y que numerosos casos de corrupción “siguen durmiendo el sueño de los justos, sin alcanzar jamás una convicción”. Estas declaraciones se suman a su continuo enfrentamiento con el actual Ministro de Justicia, Carlo Díaz, a quien ha calificado en diversas ocasiones como un “corrupto” y un “títere de matón de barrio”.
Reclamos al poder judicial
Durante su discurso, Chaves mencionó que el sistema judicial, junto con la Asamblea Legislativa, es percibido como una de las instituciones “peor evaluadas” por la ciudadanía y que ha sido “lamentablemente rechazada”. En consecuencia, exigió una transformación del estado profundo y enfatizó que la estructura actual del poder judicial debe someterse a una profunda revisión para mejorar las leyes obsoletas y eliminar los obstáculos que impiden que los ciudadanos puedan prosperar y encontrar justicia.
El presidente lanzó una advertencia enérgica sobre el estado del modelo costarricense, enfatizando que este ya se encuentra debilitado y que es imperativo “salvar a los ciudadanos del abuso ejercido por aquellos que han infiltrado nuestras instituciones”. Además, instó a los diputados y magistrados a reflexionar sobre el legado que dejarán, instándolos a no formar parte de un sistema que, según él, protege a lo “intocable” y debido a esto, permite que la “justicia carezca de equilibrio, actuando de forma calculadora”.
Advertencia y daño para editar
Chaves culminó su discurso con una advertencia clara: si no se implementa un cambio organizacional en el poder judicial y la fiscalía, Costa Rica seguirá siendo vulnerable a intereses y redes que protegen la corrupción. Hizo un llamado a los ciudadanos para elegir una Asamblea Legislativa que gestione las reformas necesarias y subrayó que el futuro del país está en juego, ligado a la depuración de las agencias que, “han sido tomadas por aquellos que las han traicionado repetidamente”.
El discurso de Chaves señala un nuevo clímax en la tensión existente entre el poder ejecutivo y el judicial, en un contexto marcado por investigaciones que se han abierto contra el propio presidente y miembros de su gobierno, amid un clima político cargado y polarizado.
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