El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha tomado una decisión crucial al presentar un veto el pasado miércoles frente a la Asamblea Legislativa. Este veto se aplica a la iniciativa que permitiría a las instituciones de justicia, incluido el poder judicial y la oficina del fiscal, realizar operaciones de ataque durante todo el día, durante siete días a la semana. Este proyecto de ley fue aprobado previamente el 29 de abril, con el objetivo de extender los horarios en los que estas investigaciones pueden realizarse, dado que actualmente se limitan a un horario restringido, de lunes a viernes entre las 6 a.m. y las 6 p.m.

Monserrat Ruiz, quien es representante adjunto del Partido Liberación Nacional (PLN) y portavoz de esta iniciativa, ha denunciado la decisión del presidente, poniendo en duda las razones expuestas en el veto. Según Ruiz, los argumentos presentados por Chaves son contradictorios y poco afortunados, ya que él mismo ha declarado que no le otorgará más autoridad al poder judicial. Para Ruiz, este veto parece estar más relacionado con el temor del gobierno ante las investigaciones en curso, donde Chaves Robles podría figurarse como uno de los implicados.

“No se trata de lidiar con disputas personales ni de una guerra política constante en la que se encuentra el gobierno actual. Lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos de este país”, enfatizó Ruiz, destacando la urgencia de reformar las leyes para hacer frente al creciente crimen organizado que ha comenzado a afectar a la sociedad costarricense.

Ruiz subrayó la necesidad de estas reformas, afirmando que son cruciales para combatir de manera efectiva el crimen organizado. “Es absolutamente necesario y urgente llevar a cabo estas reformas para enfrentar la delincuencia organizada en nuestro país. Sin embargo, parece que el presidente de la república ha optado por impedir este avance”, manifestó.

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Reventa

Ahora, la decisión sobre el veto presentado por el presidente se trasladará al parlamento, donde se debatirá si se aprueba o se rechaza. Los legisladores tienen la opción de convertir esta propuesta en una ley de la República, pero para lograr esto, se necesitan al menos 38 votos a favor. Además, el carácter extraordinario de esta reunión parlamentaria requiere que el ejecutivo vuelva a evaluar el asunto.

Ruiz ha solicitado que, si hay investigaciones pendientes sobre la gobernanza de Chaves Robles, esta sea la razón principal para ejecutar el veto contra el proyecto de ley. “Es fundamental que este proyecto se discuta urgentemente para que el veto pueda iniciar su proceso en la sesión legislativa”, afirmó.

Por otro lado, los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) están presionando para revocar el veto, argumentando que existen leyes necesarias que son vitales para combatir el crimen organizado. Alejandro Pacheco, líder de la clase cristiana social, destacó que estas leyes son fundamentales para fortalecer las investigaciones criminales, luchar eficazmente contra el crimen organizado y proporcionar a las autoridades encargadas de nuestra seguridad los recursos que necesitan para cumplir su tarea.

“En momentos difíciles como los que estamos viviendo, es imperativo que dotemos a nuestras fuerzas policiales de todos los recursos necesarios para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible”, añadió Pacheco. Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista, describió el veto como “salvaje” para este proyecto de ley. Un sentimiento similar fue expresado por la diputada independiente Gloria Navas.