La diputada Alejandra Larios, quien representa al Partido Nacional de Liberación (PLN), presentó un relevante proyecto de ley con la finalidad de establecer un sistema anual de informes de trabajo para los magistrados de la República. Este informe se realizaría antes de la Reunión legislativa, garantizando así que la labor de los magistrados sea documentada y evaluada de manera periódica.

La propuesta legislativa se identifica con el número de archivo 24,943 y lleva el título “Ley por la responsabilidad del magistrado del poder judicial y la Corte Suprema para las elecciones”. Este proyecto aspira a fomentar la transparencia y a fortalecer la rendición de cuentas en las instituciones judiciales, un aspecto fundamental para el bienestar del sistema democrático.

En términos específicos, la propuesta sugiere que cada magistrado de la Corte Suprema, así como los miembros de la Corte Suprema de Elecciones, deberán presentar anualmente un informe escrito que documente su trabajo y actividades ante la Corte y la Asamblea Legislativa. Este requerimiento tiene como objetivo principal garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información sobre el desempeño de sus representantes en el poder judicial.

¿Por qué es importante esta iniciativa?

La Asamblea Legislativa, en virtud de su poder constitucional, tiene la facultad de nombrar a los titulares y suplentes en las distintas cámaras de la Corte Suprema de Justicia. Este proceso de nombramiento no es solo un trámite administrativo, sino que también implica una responsabilidad significativa respecto a la selección de personas que influirán en el sistema judicial del país.

Asimismo, el poder judicial tiene la responsabilidad de designar al magistrado de la Corte Suprema de Elecciones, garantizando así que la integridad de los procesos electorales esté en manos de individuos capaces y responsables.

La exigencia de estos informes periódicos busca promover un mayor sentido de responsabilidad entre los magistrados, lo que facilitará la evaluación continua de su desempeño. Esto no solo reforzará la confianza pública en el sistema judicial y electoral, sino que, además, proporcionará una herramienta esencial para la toma de decisiones informadas sobre la reelección de los magistrados y magistradas.

Además, la iniciativa propone la inclusión de sanciones para aquellos que incumplan con estas obligaciones. Esta medida subraya la importancia que se da a la responsabilidad en el ejercicio de la función judicial, asegurando así un sistema más riguroso y confiable.

Ahora que el texto ha sido presentado, debe asignarse a una comisión legislativa para que continúe su proceso de discusión y análisis en el Congreso. La posibilidad de que esta ley sea aprobada podría marcar un hito en cuanto a la transparencia y la rendición de cuentas en el poder judicial, aspectos fundamentales para el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.