El diputado Eli Feinzaig ha manifestado su preocupación en relación con las acciones de la Dirección de Inteligencia Fiscal, que están dirigidas a dispositivos móviles, operadores de teléfonos dilaterales y proveedores de servicios de Internet. Este organismo está solicitando datos e información personal, así como confidencial de cada uno de los clientes, y se está realizando la recolección de estos datos a través de envíos a dispositivos móviles.

Los datos que se están requiriendo son del tipo más sensible e incluyen información como el nombre completo de la persona, su ubicación, detalles de identificación como el pasaporte o el TELLX, y especificaciones sobre su nacionalidad, ya sea que el individuo sea nacional o extranjero. Asimismo, se incluyen números de teléfono, direcciones de correo electrónico, el tipo de contrato que poseen y la dirección geográfica de su hogar.

«Además, los comercios están obligados a entregar esta información dentro de un plazo de diez días hábiles, bajo la amenaza de enfrentar multas millonarias si no cumplen. Se deja en claro que el Tesoro está interesado en recopilar datos de contacto personal de todos los residentes del país, independientemente de si son contribuyentes masivos o no, sin que esto esté fundamentado en una investigación fiscal específica», declaró Feinzaig en un comunicado de prensa.

La Legislatura ha subrayado que el derecho fundamental a la intimidad, que incluye la protección de los datos personales, se encuentra resguardado por la constitución política de la nación en su Artículo 24. A su vez, la protección de estos derechos está respaldada por el Artículo 13, subsección 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Ley 9698, que regula la protección de datos, establece claramente que cada individuo es propietario de su propia información. Además, enfatiza el principio del consentimiento informado, lo que implica que nadie puede utilizar la información personal sin el permiso explícito de la persona involucrada. Para que se otorgue este permiso, es fundamental que cada persona reciba una comprensión clara del propósito por el cual se usarán sus datos y el tipo de tratamiento que recibirán.

“Cuando alguien alquila un servicio de telecomunicaciones, está proporcionando su información personal a un tercero, el operador, quien la recolecta con fines comerciales. Es importante destacar que el operador no es el dueño de estos datos, sino que actúa solo como un custodio.”, explicó Feinzaig.

El legislador mencionó que la Ley de Telecomunicaciones Generales No. 8642, que regula a los operadores de telecomunicaciones, incluye un capítulo completo titulado Protección y Derechos del usuario final. Este capítulo establece en su artículo 43 que los operadores deben “garantizar la confidencialidad de las comunicaciones, el derecho a la privacidad y la protección de los datos personales de los suscriptores”.

Para el Partido Liberal Progresista (PLP), resulta absolutamente inaceptable que el Tesoro exija a los operadores de manera masiva y sin las investigaciones adecuadas que justifiquen tal acción, lo que contradice la ley vigente.

Además, Feinzaig indicó que al dar un plazo de diez días para responder, se niega a los ciudadanos el tiempo necesario para otorgar el consentimiento informado, lo que podría resultar en la violación de sus derechos.

“Esto es mucho más preocupante que los casos de Upad y el Faro del PAC. A ellos se les prohíbe otorgar dicha información, ¿por qué se la piden a otros?”, expresó.

La fracción naranja reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los costarricenses, prometiendo exponer lo que consideran actos inadecuados del Tesoro y utilizar todas las herramientas legales disponibles para prevenir abusos. También se hace un llamado a todos los operadores de telecomunicaciones para que se mantengan firmes y no faciliten esta información, instando al Sutet y Prodhab a manifestar su oposición ante esta grave violación de los derechos civiles.