El general de la República, mediante un documento oficial que lleva la firma de la ejecutiva Marta Acosta, ha emitido un comentario significativo en relación a los riesgos asociados con el proyecto de ley número 24,215. Esta iniciativa busca implementar reformas a las leyes de contratación pública general, proponiendo la exclusión de la Cruz Roja y de la Asociación Internacional de la Ley, instituciones que han sido actores esenciales en el manejo y la implementación de proyectos en situaciones críticas.

El inspector encargado de evaluar este proyecto ha manifestado preocupación sobre los peligros que estas reformas conllevan, lo que podría restringir la capacidad de contratación de dichos organismos y generar una falta de control efectivo sobre los acuerdos que se establezcan en el futuro. Este tipo de modificaciones legislativas no solo afecta a las organizaciones mencionadas, sino que también impacta el ecosistema de transparencia y competencia del que dependen estos procesos.

En el comentario diligenciado el pasado lunes, se reiteró esta situación, destacando la necesidad de prestar atención a las implicaciones que podrían tener las reformas en la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.

«Es crucial subrayar que el referente del General del General Republicano a lo largo del proceso relativo a los Documentos Legislativos No. 24.215 enfatizaba que la adquisición de fondos públicos por parte del gobierno debe llevarse a cabo siguiendo las reglas de la política pública y en consonancia con los principios de la libre competencia», señaló el informe.

La iniciativa en cuestión fue presentada por el legislador Verdiblanco Oscar Izquierdo, quien durante el primer debate logró el apoyo de la 37 Legislatura, a pesar de la oposición manifestada por Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, quienes provienen de la corriente liberal progresista. Este contexto resalta la polarización existente en torno a la propuesta.

El supervisor encargado enfatizó que, pese a que se han realizado modificaciones significativas respecto al texto original, aún persisten numerosos riesgos en relación con la propuesta legislativa. Señaló: «El riesgo de realizar contrataciones para obras públicas sin la adecuada competencia es grave. Como se estipula en la constitución política, esto impide que el gerente ejerza un control pleno, según la autoridad conferida en su ley orgánica, lo que también afecta el juicio de la Agencia Constitucional en este contexto.» Este tipo de advertencias subraya la necesidad de un análisis exhaustivo y cuidadoso de los posibles efectos de la legislación.

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Cambiar en movimiento

Desde la liberación de la nación, el subsecretario de la izquierda ha indicado que la postura de Portillos no está diseñada para realizar contrataciones de manera arbitraria, «sino que busca abordar el problema existente en la legislación que ha dificultado que el país acceda a la financiación proveniente de la cooperación internacional». Esta explicación busca aclarar en qué consiste el objetivo real del proyecto legislativo.

Oscar Izquierdo ha expuesto que «este proyecto de ley tiene como fin facilitar que el país pueda acceder a capital de la cooperación internacional a través de acuerdos o convenios de costos compartidos, y no modifica, de ninguna manera, cómo se llevan a cabo las contrataciones públicas bajo la supervisión actual de empresas privadas, ni les permite eludir su responsabilidad», manifestó.

El diputado hizo hincapié en que «todas las observaciones del Jefe de la República han sido tomadas en cuenta». Esto sugiere que el proyecto está evolucionando para adaptarse a las sugerencias y preocupaciones planteadas por los diferentes actores involucrados.

El documento legislativo en cuestión tiene el potencial de ser revisado en la próxima discusión, y puede que se presente una propuesta adicional destinada a modificar el texto actual. Este proceso de revisión es vital para asegurar que se cumplan las mejores prácticas en materia de contratación pública.

El partido PLN, mediante un comunicado de prensa, aseguró que esto garantizará que los acuerdos y convenios que se establezcan con otros países permanecerán sujetos a los principios establecidos por la Ley, confirmando que tanto el estado como los organismos de control mantendrán la supervisión necesaria sobre estos procesos, asegurando así que no se comprometa la transparencia y la eficacia en la gestión pública.