En la jornada del miércoles, la Contraloría General de la República (CGR) se presentó ante la Comisión Tuarior con el objetivo de poner en el centro del debate un nuevo informe que aborda el Plan de Emergencia para la construcción de infraestructura integral y de victoria, un proyecto significativo que ha generado tanto expectativas como preocupaciones en el ámbito político y social.

Este ambicioso plan recibió la aprobación de préstamos por un total de $700 millones en una sesión legislativa reciente. Los fondos destinados a estos proyectos provienen del Banco Central de Estados Unidos para la Integración Económica (BCIE), destinados a llevar a cabo un total de 502 proyectos de infraestructura en todo el país. Sin embargo, este compromiso del gobierno de cumplir con la finalización de estas obras en un periodo de 18 meses ha sido objeto de controversia, especialmente al observar que el plazo que se estableció inicialmente ya ha pasado, y las esperanzas de que se cumpla han comenzado a desvanecerse.

El informe presentado por Marta Acosta, la gerente responsable, ha puesto de manifiesto varias deficiencias relacionadas con el desarrollo del plan. Un dato alarmante revelado en el informe es que el 75% de los procesos de reclutamiento ejecutados para estos proyectos no tuvieron éxito, lo que plantea serias interrogantes sobre la planificación y la gestión del mismo.

Acosta declaró: “Este informe, que se ha elaborado a partir de las informaciones proporcionadas por el Ministerio de Finanzas, busca evaluar el progreso de los proyectos. Es posible que esta información haya sido recopilada del Comité de Emergencia y de cada una de las agencias ejecutivas.” Sin embargo, expresó su preocupación por los resultados, afirmando que existen grandes deficiencias en el desarrollo del plan y que hay una falta de claridad en torno a la responsabilidad de las agencias ejecutivas en la gestión de estos proyectos.

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Unión Postal Universal

Un aspecto crucial que surge de la discusión del informe es el rol del Servicio de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) como encargados de la implementación general del Comité de Emergencia. Se resaltó la importancia de la “objetividad e independencia en las actividades de estas firmas,” tal como lo subrayó la unidad en el reporte presentado. Esta preocupación ha sido una constante en la gestión de los recursos públicos, pues Acosta puntualizó que “las compañías ejecutivas fueron contratadas para labores que no se alinean con las disposiciones de la ley de préstamos de Leeri, ya que no se verificó que fueran las mejores opciones”.

Asimismo, surgió la inquietud sobre la utilización de $9 millones de los $18 millones acordados, y se cuestionó el hecho de que ya se haya realizado un pago a pesar de los avances modestos del programa. Durante el intermedio de la sesión, diputados del Comité Landario mostraron su inquietud sobre cómo se ha manejado este asunto en la CNE y otros proyectos en curso, lo que llevó a la diputada Paulina Ramírez del PLN a expresar su frustración ante las irregularidades evidenciadas en el informe respecto a las compañías encargadas de la implementación.

Seis Años, No 18 Meses

Desde el partido gobernante, Pilar Cisneros defendió el enfoque y el trabajo que se ha realizado, aduciendo que establecer un plazo de seis años sería más realista para la finalización de las obras. Cisneros cuestionó al presidente de la CNE, Alejandro Picado, sugiriendo que la fecha límite de 18 meses impuesta es excesivamente optimista. “Las obras culminarán en un plazo de seis años; no entiendo por qué Don Alejandro se compromete a un periodo tan corto. Tendrán que rendir cuentas cuando llegue el momento”, comentó Cisneros con evidente frustración.

Además, Cisneros aclaró que, en el presente, no se están generando intereses sobre el monto del préstamo de $700 millones, ya que este cuenta con un periodo de gracia de cinco años. En febrero, la gerente presentó un primer informe a los legisladores donde se destacaron diversas inconsistencias en 56 proyectos hasta el 6 de noviembre de 2024, entre las cuales se identificaron errores significativos, tales como:

• 33 con ubicaciones incorrectas
• 11 con condiciones que podrían generar imprevistos.
• 7 que están siendo construidos con otros fondos.
• 3 que tienen nombres incorrectos en relación con las obras correspondientes.
• 2 con clasificación equivocada del proyecto.
• 1 proyecto que fue incluido dentro de otro.
• 1 caso de duplicación de proyectos.

El informe también subrayó que se encontraron 41 proyectos que presentan retrasos en la construcción. Asimismo, se indicó que, según Conavi, hay 12 obras que deben ser excluidas de proyectos que implican un riesgo inminente. Otra de las conclusiones del informe destaca que el Laboratorio Nacional de Materiales y Tipo de Surhring (Lanname) de la Universidad de Costa Rica, respaldado por dos informes técnicos, determinó que de los 44 proyectos bajo la supervisión de Conavi, 19 no requieren intervención, mientras que 25 no están siendo priorizados.