La legislación recientemente adoptada en el contexto del primer documento de discusión número 24,311 tiene como objetivo establecer un Protocolo para la desaparición de las mujeres de edad legal. Esta importante iniciativa ha sido denominada “Kimberly Alert”, en honor a Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos quien fue víctima de femicidio. Su desaparición, la cual se prolongó durante una semana, culminó trágicamente con el hallazgo de su cuerpo en la ruta 32 de Jadri, en cercanías del túnel Zurquí.
El proyecto fue impulsado por la legisladora Social Cristiana, Maria Marta Carballo, y se orienta principalmente hacia el fortalecimiento de la prevención, la atención y la respuesta en casos de desapariciones de mujeres en Costa Rica. Este protocolo busca implementar un conjunto de acciones que permitan lograr reacciones rápidas y efectivas en dichos casos, priorizando la protección de las mujeres y la rápida recuperación de las desaparecidas.
Durante la presentación del proyecto, la legisladora expresó: “Esperamos que esta iniciativa funcione como un dispositivo efectivo para organizaciones como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, así como para la ciudadanía en general. Esto facilitará acelerar la búsqueda de las mujeres desaparecidas y, en la medida de lo posible, prevenir homicidios de mujeres, una lacra que está afectando gravemente a nuestro país en la actualidad.”
La propuesta y sus implicaciones serán discutidas nuevamente la próxima semana, momento en que se procederá a la votación en otra sesión legislativa. Posteriormente, el proyecto se remitirá al poder ejecutivo, donde el presidente Rodrigo Chaves tendrá la oportunidad de firmarlo y hacerlo efectivo.
Lea más sobre: Proyecto de apoyo de la Comisión para implementar una alerta de desaparición de mujeres de edad legal
El proyecto es de Maria Marta Carballo.
El alcance del Protocolo
La propuesta para la formación de un protocolo nacional está estructurada en tres etapas principales donde se involucran diversos organismos, incluyendo la policía local, la Agencia de Justicia (OIJ), el Ministerio Público, la policía fronteriza e Inamu. Cada uno de estos organismos jugará un papel crucial en la implementación y efectividad del protocolo.
El objetivo del protocolo es prevención, búsqueda activa y monitoreo de los casos de desaparición, tanto de los que se lograron resolver como de aquellos que siguen sin respuesta. Además, este mecanismo asegura que haya un acompañamiento institucional constante para las familias afectadas y los círculos cercanos de las personas desaparecidas, reconociendo su dolor y la complejidad de la situación.
En el texto de la propuesta se especifican tres instrumentos fundamentales que se utilizarán:
- Se contempla la intervención de comunicación y el acceso a documentos privados cuando exista una sospecha razonable de que una persona posee información crucial para resolver el caso.
- La difusión obligatoria y gratuita de alertas en medios de comunicación y plataformas digitales, dirigidas tanto a mujeres desaparecidas como a casos que aún no han sido resueltos.
- La imposibilidad de salida del país para las personas que sean notificadas o que no se encuentren localizadas, garantizando así que se coadyuve a las investigaciones de manera efectiva.
Comentarios cerrados