Katherine Moreira, diputada del Partido Nacional de Liberación (PLN), ha presentado ante el corriente legislativa un proyecto de ley que pretende establecer una cantidad máxima de embargo en las pensiones de los deudores. Esta propuesta busca asegurar que los pensionistas mantengan una parte significativa de sus ingresos, garantizando así su derecho a vivir con dignidad en la tercera edad.

El proyecto en cuestión es el archivo 24940, denominado “Ley para adoptar una pensión mínima intocable”. La finalidad de esta legislación es que los embargos sobre las pensiones no excedan el 20% del total mensual que recibe un pensionista. Con esta medida, se busca que quienes han trabajado durante su vida y han contribuido al sistema de pensiones, puedan disfrutar de una vejez con tranquilidad y bienestar, sin el temor de que una parte significativa de sus ingresos sea vulnerable a embargos.

¿Qué busca el proyecto?

El contenido de este texto legislativo implica una reforma a la Sección 59 de la Ley No. 17, conocida como la Ley Constitucional del Fondo de Seguridad Social de Costa Rica (CCSS). En esencia, la reforma se dirige a la cantidad máxima que se puede embargar de las pensiones, enfocándose en la Sección 21, subsección a) del número 2248, que hace referencia a las pensiones y jubilaciones del magisterio nacional, estipuladas en una legislación anterior de 1958 y sus respectivas modificaciones.

En términos más específicos, la Sección 21 del Portafolio de inversión establece que se pueden otorgar préstamos personales y de vivienda para afiliados, con un límite máximo del veinte por ciento (20%) del total del fondo. Para los afiliados activos, estos préstamos se gestionarán a través de deducciones salariales. En el caso de jubilados o pensionistas, se realizarán deducciones mensuales directamente de sus pensiones, siempre respetando el mismo límite intocable. Esto incluye las amortizaciones, intereses y otros cargos que puedan generarse.

Adicionalmente, la Junta de la CCSS tendrá acceso al Centro de Información de Crédito (CIC), el cual es administrado por la Supervisión de Entidades Financieras (SUGF). Esta normativa permitirá que la Junta reciba información relevante sobre el crédito de sus afiliados, ayudando a regular y supervisar las operaciones de crédito en consonancia con las disposiciones de esta ley. Además, la Comisión Nacional de Supervisión de entidades Financieras (Conassif) tendrá la responsabilidad de determinar y supervisar la correcta implementación de todas las operaciones de crédito que se contemplan dentro de esta subsección.

Aparte de este enfoque en la regulación de embargos, el texto legislativo también introduce otras reformas que fortalecerán el sistema de pensiones. En este momento, la iniciativa debe ser asignada a una comisión legislativa para su posterior discusión.

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