Recientemente, el presidente Rodrigo Chaves emitió un anuncio que ha generado una gran preocupación entre los miembros del Parlamento respecto a la situación del Canon de radio y televisión. Este tema ha pasado por un proceso de discusión y se ha vuelto un punto de tensión en la sesión legislativa. La reacción del Parlamento ha sido intensa, y es evidente que la presión en este asunto se ha incrementado luego de las palabras del presidente en relación a la resolución que se espera para el mes de septiembre.

La representante adjunta de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, expresó su descontento e indignación hacia lo que ella considera una amenaza por parte del presidente Chaves. En sus declaraciones, Rojas enfatizó que la responsabilidad de cualquier oscuridad que sufra el país recae directamente en el presidente y no en el Parlamento. «Si el país está sumido en la oscuridad, entonces es su responsabilidad. Todo está en sus manos. No es tan complicado construir soluciones,» expresó Rojas durante su intervención en la legislatura social cristiana.

Además, Rojas insistió en que la construcción de acuerdos no se logra mediante amenazas. Resaltó que el camino debe ser el diálogo y la colaboración. “Desde esta sesión legislativa, tenemos proyectos pendientes que están bajo la investigación del Comité de Gobierno y Gestión. Hay un proceso que estamos siguiendo para alcanzar un consenso que beneficie a todos,” agregó. Uno de los planteamientos discutidos fue un proyecto de ley presentado por la Comisión, el cual propone una recaudación porcentual para equiparar los ingresos corporativos a lo largo del tiempo, lo que podría afectar la dinámica de financiación de los medios.

Por su parte, el presidente Chaves hizo referencia al impacto que tendría el cierre de frecuencias de radio y televisión, señalando que esto sería consecuencia de la falta de acción del Parlamento en cuestiones que afectan a las telecomunicaciones en el país, aludiendo específicamente a las preocupaciones de ciertos grupos, como los propietarios de Teletica. Chaves reiteró que no se prorrogarán los plazos, y que es crucial que los ciudadanos de Costa Rica comprendan en qué se están involucrando sus intereses políticos y financieros.

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Perspectivas sobre el tema

Otro proyecto relacionado ha sido presentado por el legislador libertario Óscar Izquierdo, el cual no cuenta con el respaldo del gobierno. El Ministro de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, ha dejado claro que el gobierno no está a favor de esta iniciativa. Según las declaraciones de Bogantes, este proyecto podría afectar gravemente a las pequeñas y medianas empresas, ya que el impacto financiero podría implicar una reducción del 65% en sus ingresos anuales.

El presidente del Gobierno y el Comité de Gestión, junto al Director General Adjunto Álvarado, comunicaron a que se está llevando a cabo una serie de conversaciones para establecer la necesidad de crear un banco de trabajo que facilite el diálogo y la búsqueda de acuerdos sobre este complicado asunto. «Es fundamental que trabajemos en la redacción de un texto que pueda satisfacer a todas las partes involucradas, y que aborde las necesidades actuales de manera efectiva», manifestó Alvarado.

La meta de Alvarado es que se logre encontrar una solución viable antes de que finalice septiembre, dado que las concesiones actuales que tienen las compañías de radio y televisión en Costa Rica vencen el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el gobierno ha decidido extender este plazo por 15 meses más, lo que deja la nueva fecha límite hasta septiembre de 2025.