La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha experimentado una notable evolución en su postura con respecto a una ley propuesta para combatir las estafas. En menos de tres semanas, pasó de criticar la legislación a felicitar a las víctimas y a los delegados involucrados. Este cambio de opinión ocurrió en un lapso de 19 días, lo que refleja la importancia y urgencia del tema en el contexto nacional.

Este proyecto de ley, que ha generado una considerable controversia, busca brindar mayor protección a las víctimas de fraudes y aumentar la responsabilidad de las entidades bancarias. Sin embargo, el debate se ha intensificado, y las opiniones están divididas, especialmente entre los representantes del sector bancario y quienes defienden los derechos de los consumidores.

El 3 de abril, Rodrigo Cubero, un asesor económico de ABC, expresó su desacuerdo con la propuesta, describiéndola como una “Medida simplista, irresponsable y arriesgada.” El ABC también subrayó en su declaración que “La iniciativa no aborda el problema estructural del fraude bancario.” En su análisis, Cubero argumentó que, en lugar de ofrecer soluciones efectivas para combatir grupos criminales, la ley obligaría a las instituciones financieras a asumir automáticamente los costos derivados de las estafas, lo que podría tener consecuencias perniciosas.

“El proyecto de ley Aprovecha una visión muy simplista del problema porque parte de la suposición de que los responsables de las estafas son los bancos … Si se exige que los bancos paguen, se abre la posibilidad de nuevas modalidades penales y en la práctica se prefiere la financiación de estructuras criminales”, afirmó Cubero en esa ocasión, advirtiendo sobre las posibles repercusiones que podría tener la implementación de la ley si no se toman en cuenta sus efectos secundarios.

Felicitaciones a víctimas y delegados

Diecinueve días después, el 22 de abril, Mario Gómez, asesor legal del ABC, tuvo un cambio notable en su discurso. En el programa Asiento adicional, declaró que “ABC está de acuerdo en que la legislación se está actualizando”, y también expresó su reconocimiento hacia los promotores de la ley propuesta.

“Quiero felicitar a los delegados de la Comisión de Asuntos Legales y a los consumidores que impulsaron esta iniciativa. Sin duda, la legislación necesita ser actualizada”, afirmó Gómez, reflejando un tono más positivo respecto a la propuesta que sólo unas semanas antes criticó.

Gómez continuó expresando una mezcla de alegría y reflexión. “Por un lado, me siento aliviado y feliz de que se estén tomando medidas para resolver este problema; por otro lado, también me entristece pensar que, si hubiéramos actuado antes, quizás podríamos haber reducido el impacto del crimen organizado y, en consecuencia, tal vez habría menos de estas tragedias”, comentó.

En su intervención en Asiento adicional, Gómez también planteó un punto importante sobre la privacidad y la falta de responsabilidad por parte de las entidades que manejan los datos personales. “No es posible que alguien tenga acceso a la información de todos los costarricenses sin ningún tipo de regulación”, expresó en referencia a las prácticas actuales de algunas compañías de telecomunicaciones respecto al tratamiento de datos sensibles.

“La solución debe ir más allá de los bancos, y es fundamental revisar la participación de las compañías telefónicas en este fenómeno. Es un comienzo, pero necesitamos adoptar un enfoque integral si realmente queremos abordar este problema”, insistió Gómez.

El proyecto de ley, registrado bajo el archivo 23.908, es promovido por el Diputado del Partido Nacional de Liberación (PLN), Óscar Izquierdo, y busca establecer pautas más claras en relación a las responsabilidades de los bancos en casos de fraude.

En este momento, el proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Legales, donde ha sido objeto de al menos 90 mociones por parte de diferentes actores durante su discusión.

A pesar de este aparente progreso, la Asociación Bancaria ha subrayado que el proyecto podría tener consecuencias negativas significativas para el sector. Las instituciones bancarias están preocupadas por la carga financiera que podría significar asumir automáticamente los costos en casos de fraudes, lo que a la larga podría afectar su sostenibilidad.

Discusión en la comisión

La Comisión de Asuntos Legales se reunió el martes por la tarde para continuar la discusión sobre las más de 90 mociones presentadas en el marco del proyecto de ley. Hasta el momento, la mayoría de estas mociones han sido rechazadas, pero el proceso sigue en marcha.

La diputada del Partido Cristiano de la Unidad Social (PUSC), Daniela Rojas, ha jugado un papel activo al presentar 90 movimientos al proyecto, que continúan siendo analizados en la comisión. La discusión es crucial, dado el impacto que estas decisiones legislativas pueden tener sobre el futuro de la banca y la protección del consumidor en Costa Rica.

Los delegados seguirán trabajando en la discusión y análisis antes de que el nuevo texto sea enviado a votación. Este proyecto regresó a la comisión el 10 de abril, donde se espera que las diferentes partes interesadas continúen debatiendo acerca de sus implicaciones y posibles modificaciones.

@Diario.extra #Nacionales | La Asociación de Bancos pasó de los proyectos de estafa descalificadores para felicitar a las víctimas y delegados. La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha pasado de la descalificación de una ley del proyecto en estafas para felicitar a las víctimas y delegados en cuestión de 19 días, ¿debería aprobar este proyecto? Periodista: Byron Agüero #Bancos #Interés #Compensación #Diputados #FYP ♬ Sound original – periódico adicional

Sobre el proyecto

Nombre del proyecto

La ley se denomina “Ley de Protección al Consumidor en la conservación de su dinero” y tiene como objetivo regular la gestión de los fondos de los ciudadanos en cualquier entidad financiera operativa en Costa Rica, ya sea pública o privada y que está autorizada para operar.

¿Qué significa?

Esto implica que las personas que caen en estafas electrónicas tendrán un camino claro a seguir para recuperar sus recursos tras haber sido afectadas, dadas las insuficientes regulaciones que históricamente han existido en esta área.

¿Cómo surge?

La propuesta se originó a partir de una iniciativa ciudadana y ha sido promovida por un grupo que se ha identificado como “personas que fueron víctimas de delitos en Costa Rica”, quienes buscan hacer eco de sus experiencias y asegurar cambios en la legislación.

Realidad de las estafas en Costa Rica

La realidad del fraude bancario en Costa Rica ha llegado a niveles alarmantes, con miles de personas afectadas cada año a través de diversas tácticas como llamadas telefónicas fraudulentas, enlaces engañosos o solicitudes de información bancaria engañosas.

Esta problemática ha culminado en que millones de colones sean sustraídos de las cuentas de las víctimas, dejando a estas personas con un profundo impacto financiero y emocional. Según datos de la Agencia de Investigación Judicial (OIJ), más de 4 mil personas sufrieron fraudes bancarios durante el año 2024, lo que evidencia la urgencia de una solución efectiva.

Para conocer más sobre este tema y otras actualizaciones, se puede ver el programa completo de asientos adicionales a través del siguiente enlace: