El presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante su reciente conferencia de prensa semanal, expresó serias preocupaciones sobre el presupuesto destinado a las superintendencias, el cual asciende a ¢ 20 mil millones solo para cubrir los salarios de sus empleados. Esta cifra, según el presidente, es excesivamente alta y genera dudas sobre la efectividad y la alineación de los recursos con los resultados esperados para el bienestar del país.

Al abordar el tema, Chaves enfatizó la importancia de reestructurar este presupuesto, particularmente ante la creciente necesidad de realizar una inversión social significativa en Costa Rica. “Es preocupante que aceptemos y administremos un monto tan elevado sin obtener a cambio los resultados deseados. La eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos deberían ser nuestras prioridades”, añadió el presidente, sentando un claro mensaje sobre la importancia de la rendición de cuentas en la gestión pública.

“No tengo competencia sobre esas entidades, lo que tengo es una preocupación muy seria. Más que preocuparnos por lo que gastamos, tenemos que preocuparnos por lo que somos nosotros sobre la comida incompetente”, dijo Chaves.

El foco crítico del presidente se encuentra especialmente dirigido hacia dos figuras prominentes: Rocío Aguilar, quien ha estado al frente de diversas entidades de pensiones y financieras, y Tomás Soley, actual Superintendente de Seguros y Valores. En su análisis, Chaves no escatimó palabras para señalar las fallas administrativas que, en su opinión, han impactado directamente a la población.

“Vea lo que sucedió bajo Aguilar con la caída de Desifin y Coopeservistas. Un año después, hay personas que no recibieron nada. También hay personas que tienen miedo de informes preliminares de los sistemas. Si hubo un gran daño financiero a esa información falsa, ¿quién habría sido el error?” añadió.

Este profundo cuestionamiento sobre la gestión de los recursos públicos resuena en un contexto donde la ciudadanía clama por mayor transparencia y responsabilidad en el manejo de los fondos estatales. De la cifra total de ¢ 20 mil millones, aproximadamente el 48% se destina a cubrir los salarios de las instituciones mencionadas, lo que representa una parte significativa de los gastos generales. Esta situación plantea un problema crucial respecto a la asignación de recursos y el enfoque en el desarrollo social del país.

Con el dinero asignado a los salarios de las superintendencias y del Consejo de Supervisión Nacional del Sistema Financiero (CONASSIF), se podrían financiar aproximadamente 2,702 proyectos de vivienda, cada uno con un costo aproximado de ¢ 7,4 millones. Esta propuesta alternativa apunta a resaltar las prioridades que deben tenerse en cuenta para garantizar un desarrollo sostenible y beneficioso para la mayoría de la población, en lugar de permitir que los recursos se desvíen hacia gastos administrativos que no siempre garantizan resultados positivos.