Con el respaldo de 45 suplentes, el Movimiento Patriótico (MP) logró la aprobación del primer debate sobre una propuesta de ley que tiene como objetivo establecer una segunda autoridad legislativa. Este proyecto busca proporcionar un marco legal para el manejo de casos en los cuales ciudadanos de Costa Rica son acusados de terrorismo o de contrabando de drogas en jurisdicciones de otros países.

La aprobación se vio facilitada por la desconfianza del ejecutivo, lo que llevó al MP a enfocarse en este tema legislativo crucial, el proyecto de ley número 23,701. Este esfuerzo está diseñado para prevenir que los nacionales costarricenses usen su nacionalidad como un escudo para evadir la justicia al cometer delitos en el extranjero.

Dentro de este contexto, se estima que entre 30 y 35 individuos están bajo el radar de las autoridades de otros países por presuntos crímenes relacionados con el narcotráfico y el terrorismo. Esta información fue proporcionada por Gilberto Campos, quien se basa en declaraciones del Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) decidió no consumir tiempo debatiendo la iniciativa, lo que permitió su rápida aprobación. De esta manera, ninguno de los nueve representantes de este partido intervendría en la discusión sobre el tema.

“Estos son los mensajes más claros y contundentes que podemos ofrecer a nuestros ciudadanos: que esta sesión legislativa está comprometida con la seguridad de los costarricenses”, declaró Alejandro Pacheco, líder de la unidad parlamentaria.

Por otro lado, Priscilla Vindas del Frente Amplio expresó que su fracción no se sentía demasiado segura sobre el plan cuando se anunció inicialmente. Sin embargo, después de plantear dudas sobre el término “terrorismo”, se acordó proseguir con el análisis del proyecto. La principal preocupación radica en si se podrá gestionar el servicio gubernamental durante este período de transición.

Vindas enfatizó que habrá un proceso formal en Costa Rica antes de que se implemente la reforma mencionada. No obstante, subrayó que este proyecto por sí solo no abordará el problema de la inseguridad que enfrenta el país.

Gloria Navas, diputada independiente, expresó su apoyo al voto afirmativo, afirmando que las reformas constitucionales deberían reforzarse en circunstancias que consoliden los derechos fundamentales en cuanto a la seguridad nacional, la salud y la vida. También observó que existirían “garantías constitucionales” para los costarricenses que fueran objeto de extradición.

Una vez que se aprueben las reformas, se alineará con el artículo 32 de la constitución política, que establece lo siguiente:

“Artículo 32- No se podrá extraditar a los costarricenses, excepto en casos de contrabando de drogas internacional o terrorismo, siempre que se haya otorgado el consentimiento de los tribunales, con un estricto apego a los derechos y procedimientos fundamentales reconocidos en esta constitución,”

¿Cómo funciona?

Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso es más extenso y requiere una serie de discusiones adicionales en el MP. Este proyecto de ley, de hecho, ya había sido aprobado en el segundo debate en la Primera Autoridad Legislativa en noviembre del año pasado.

Tras completar este proceso, se necesita esperar a que el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo incluya en su informe de trabajo legislativo. Esto sucedió el lunes 5 de mayo, donde el presidente subrayó la importancia de implementar leyes más severas y eficaces, tales como sanciones para aquellos que contratan a menores en organizaciones delictivas o para aquellos que vandalizan.

“Es imprescindible facilitar la extradición de costarricenses vinculados a actos de terrorismo o crimen organizado, conforme al documento número 20701, que se encuentra aún en esta sesión, y solicito que continúen su progreso,” manifestó la semana pasada.

El proyecto ahora necesita pasar por los debates primero, segundo y tercero en la segunda autoridad legislativa, que deben llevarse a cabo de manera consecutiva. Si la aprobación se da en el primer debate el lunes, el segundo debe realizarse el martes y culminar con el tercero el miércoles.

En un lapso de tres días, es preciso contar con al menos 38 votos afirmativos. Es crucial recordar que los “años legislativos” se extienden del 1 de mayo al 30 de abril del siguiente año, formándose así el poder legislativo.