El proyecto de ley titulado «Reforma de la Ley 8,754 contra el crimen organizado para fortalecer la efectividad de la gestión de la controvertida jurisdicción», que ha venido siendo conocido popularmente como nuevas capitales, se sometió finalmente a debate y fue aprobado en su primer debate en la sesión legislativa del lunes, bajo el número de documento 22,834. Este resultado llega después de un largo proceso que incluyó discusiones profundas y consultas con la Cámara Constitucional, que ya había emitido su opinión al respecto.

Dicha iniciativa fue presentada originalmente por el gobierno anterior, de Carlos Alvarado. Tras múltiples discusiones, la propuesta ha logrado obtener el apoyo de 25 diputados, incluidos miembros de liberación nacional, frente amplio, así como del partido unidad social cristiana, junto con el progreso social democrático representado por Luz Mary Alpi y la independiente Gloria Navas.

Este avance contrasta con la postura del partido Nueva República, que ejerce la autoridad legislativa en la actualidad, así como con la de los liberales progresistas, quienes expresaron serias dudas respecto a la redacción del texto propuesto.

La esencia de la propuesta radica en otorgar a las autoridades la facultad de incautar o congelar bienes y productos financieros pertenecientes a individuos o comunidades bajo investigación, incluso antes de que se presente una queja formal en su contra. Según el planteamiento, los productos congelados podrían mantenerse en esta condición durante un periodo máximo de 30 días, otorgando un lapso adicional de tres días a la persona investigada para demostrar el origen de sus fondos.

Un representante del frente argumentó en defensa de la propuesta, afirmando: «Nadie desea perjudicar a quienes laboran honestamente para ganarse la vida con su «cinquito», que tienen sus negocios. Esto no implica una extinción de dominio». En un tono contundente, añadió: «Hoy estamos combatiendo el contrabando de drogas real y vigente». Asimismo, Maria Marta Carballo, comandante de Pusc Bench, enfatizó: «Se debe avanzar y atacar el contrabando de drogas y la criminalidad organizada, y eso es precisamente lo que intentamos lograr aquí».

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Enviarlo para la remuneración

El tratamiento de este documento fue uno de los puntos centrales en la reunión del lunes, en la que estaba en agenda avanzar en otros proyectos vinculados a la seguridad. Se propuso en dos ocasiones presentar la iniciativa al Comité de Seguridad y Medicamentos para realizar modificaciones al texto; no obstante, esta idea no recibió respaldo suficiente, resultando en su rechazo. A lo largo de su discusión, el proyecto experimentó varios cambios, entre los que se destaca la eliminación de un umbral económico que debía considerarse para la congelación de productos, lo cual fue considerado peligroso por algunos diputados que buscaban revisar el texto.

La parlamentaria Pilar Cisneros, jefa del partido gobernante, alertó que «frente a una simple sospecha, sin un cargo formal, se podrían congelar los productos». Por su parte, Eli Feinzaig, del PLP, argumentó que «la carga de la prueba se invierte, cambiando la presunción de inocencia por una de culpabilidad hasta que se demuestre lo contrario, y esto se aplica sin un umbral». Se resaltó la preocupante posibilidad de que elinee las protecciones necesarias, lo que llevó a que varios diputados votaran en contra de la iniciativa. A pesar de estas preocupaciones, la mayoría decidió seguir adelante y aprobar la propuesta, que está programada para ser votada nuevamente en su versión final el 8 de abril.