En un análisis reciente del polémico caso de corrupción relacionado con las obras del aeropuerto Liberiano Daniel Oduber, el ex ministro de Obras Públicas y Transporte, Luis Amador, hizo revelaciones impactantes ante la fiscalía. Según Amador, el actual presidente, Rodrigo Chaves, manifestó un intenso enojo debido a que el contrato de premios del mencionado aeropuerto no fue adjudicado a la empresa Pedregal, sino a Meco SA, la firma que había realizado la obra previamente.

La investigación, que comenzó en septiembre de 2024, arroja luz sobre las tensiones dentro del gobierno. Amador declaró que Chaves expresaba su malestar al enterarse de que Meco SA era la empresa con la mejor calificación para los premios, lo que llevó a cuestionamientos del presidente sobre los criterios utilizados para otorgar la licencia a dicha compañía. En ese sentido, Amador mencionó que le llegó un mensaje por WhatsApp del presidente, donde Chaves indicaba que se debía tener en cuenta la experiencia de Meco.

“En diciembre de 2023, fui contactado por Chaves en una llamada donde también estaba Alejandro Picado, presidente del Comité Nacional de Emergencia (CNE), y Eduardo Mora, asesor legal de dicho comité”, relató Amador. “Picado informó que Meco estaba obteniendo la calificación más alta, y Chaves inquietamente preguntó sobre los criterios de evaluación”. En respuesta, el ex ministro se mantuvo firme, afirmando que no se había involucrado en el proceso de selección y que el comité era el encargado de decidir.”

Este deterioro de relaciones no se detuvo ahí. Amador comentó que tras una segunda llamada con Chaves, donde el presidente se mostraba aún más agitado, se insistió en hacer una revisión rigurosa sobre la selección entre Meco y Pedregal. Durante este intercambio, Amador expresó su sospecha de que la adición de Pedregal era un deseo implícito del presidente, aunque admitió carecer de certeza al respecto.

Todavía estaba furioso

Las tensiones no se desvanecieron. Desde enero de 2024, las reuniones continuaron, y la frustración de Chaves se mantuvo en un nivel alto. Amador describió al presidente como “furioso”, enfatizando que había una insistencia por parte de Chaves para que se adjudicaran los contratos. El ex ministro advirtió que había presiones políticas relacionadas con las decisiones tomadas sobre los contratos de Meco.

“El presidente me transmitió que alguien necesitaría enfrentar las consecuencias políticas de no proveer las obras a Pedregal”, señaló Amador. Su salida del cargo en marzo de 2024 coincidió con justificaciones de Chaves sobre costos adicionales anticipados por $2 millones en la obra con Meco.

El caso ha involucrado a varios funcionarios, incluidos 15 individuos imputados, entre ellos el exministro de MOPT, Mauricio Batalla, Alejandro Picado, y otros funcionarios del CNE. La investigación se centró en la legalidad del proceso de adjudicación de la obra, que se realizó en medio de acusaciones de manipulación y conflictos de interés.

Los fiscales indagan si existieron irregularidades en la asignación de los contratos y si se realizaron ajustes basados en hechos falsos. El caso ha atraído la atención mediática y pública, y se espera que continúe desplegándose en el tiempo.

Las garantías de transparencia y legalidad son cruciales en este proceso, ya que las decisiones de cara a la situación actual podrían tener repercusiones significativas en el tejido político del país.

Verifique más: La compañía de MeCo verifica que su propuesta de ingeniería de valor en el camino de Liberia ha sido “técnica y legalmente correcta”

¿Qué es la pista oscura?

Un aspecto destacado de las investigaciones trata sobre la declaración de emergencia a raíz de la tormenta tropical Bonnie en julio de 2022 y su relación con la rehabilitación de la pista. Según declaraciones de Randy Zúñiga, director del Instituto de Investigación Judicial, se ha indicado que el fallo de emergencia fue usado de manera inapropiada y se amplió para incluir trabajos en la pista, a pesar de que estos no eran pertinentes.

Por tanto, se argumenta que la decisión de utilizar fondos de emergencia no fue válida, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad de las acciones tomadas por los funcionarios. A medida que las investigaciones avanzan, continúan centrando la atención pública sobre cómo se manejan las obras públicas y las responsabilidades de sus supervisores y ejecutores.

A raíz de estos incidentes, se generaron obras por un monto de $40 millones, que llevaron a Rodrigo Chaves a criticar a Luis Amador en marzo de 2024. La implicación de que había intereses dirigiendo la obra hacia ciertos contratos es motivo de gran preocupación.

Finalmente, Zúñiga mencionó que, a pesar de las evidencias, la compañía MECO no enfrentó sanciones claras, lo que ha generado polémica sobre la efectividad del sistema judicial y su papel en la protección de los recursos del estado.