El subdirector público, Alexander Barrantes, ha rechazado las acusaciones presentadas por la oficina del Fiscal General, que lo implica en un delito de soborno inapropiado. Esta situación ha llevado a la Corte Suprema a solicitar que la sesión legislativa levante su inmunidad para que pueda afrontar los cargos de manera adecuada.

Barrantes ha sido acusado de haber invitado a las embajadas a apoyar a Sofía Guillén del partido Frente Amplio, a cambio de votos que facilitarían la aprobación de medidas relacionadas con el euro. Esta acusación ha generado un fuerte debate en el ámbito político y ha levantado preocupaciones sobre la ética en la política local.

El incidente, que se remonta a noviembre de 2022, también fue abordado por Guillén, quien condenó las acciones dentro del Parlamento. La acusación formal del Ministro de Justicia llegó en enero de este año, y el tribunal finalmente envió la solicitud al Parlamento el miércoles pasado.

Barrantes, en un comunicado de prensa, expresó: “Estaba claro para todos que había ofrecido un nombramiento diplomático o un puesto público a cambio de votos. No solo es una afirmación falsa, sino que también amenaza mi honor.” Este rechazo rotundo a las acusaciones sugiere que el funcionario se ve como una víctima de un ataque. Sin embargo, en su comunicado no precisa si tiene intención de renunciar a su inmunidad o de solicitar que sea levantada.

Un reportero de El Espectador consultó sobre el tema y su respuesta fue poco clara. Explicó que respeta el proceso legal, pero se mostró renuente a utilizar los casos judiciales como herramientas políticas o mediáticas, especialmente al comienzo de un año electoral. “Deseo averiguar lo que debe ser investigado dentro del marco de legitimidad”, añadió.

Asimismo, Barrantes enfatizó: “No tengo miedo de ser investigado.” Afirmó con firmeza que desea protección en su carrera legítima y que no se deben usar casos judiciales como herramientas para la persecución política o mediática.

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Negociar, proponer …

En su declaración, Barrantes enfatizó que su papel como diputado implica buscar negociaciones y la construcción de puentes entre diferentes posturas políticas. “Los acuerdos políticos, que son parte esencial de una democracia activa, no deben ser confundidos con actividades ilegales”, dijo, reafirmando su compromiso con la legalidad y la ética en su trabajo.

Desde el incidente del 9 de noviembre de 2022, donde el viceplovero de Guillén mencionó la oferta hecha por la Legislatura Oficial, las cosas han tomado un giro complicado. “Al inicio de esta sesión, el diputado Alexander en PSD me ofreció cargos y embajadas a cambio de euros, lo que me dejó en shock y me ofendió, la gente no eligió silenciar tales situaciones”, expuso. Esto desató una serie de investigaciones que culminaron en la acusación formal del Ministro de Justicia y en la declaración de los Comisionados de Distrito de la Corte Suprema solicitando la inmunidad contra el Parlamento.

Con la solicitud del poder judicial, se deberán explorar los procedimientos alternativos si el legislador no opta por renunciar, y si esta jurisdicción es revocada permitirá que el caso sea procesado en la corte. “De acuerdo con la legislación y las regulaciones del Parlamento, se debe iniciar el proceso para discutir el levantamiento de la inmunidad del legislador por un delito de soborno inapropiado en relación con el cambio de castigo”, declaró el Ministerio Público en su comunicado del miércoles.