El pasado martes, en el marco de la sesión legislativa, se llevó a cabo un debate crucial acerca del proyecto de ley 24028, que resulta de vital importancia para el tratamiento de la delincuencia juvenil. Esta iniciativa fue presentada por Alejandra Larios, subdirectora general de liberación nacional, y tiene como objetivo principal imponer sanciones más severas a aquellos que utilizan a menores de edad para la comisión de delitos. De este modo, la ley busca castigar a los adultos que se dedican a reclutar a niños y adolescentes para llevar a cabo actividades delictivas, proporcionando así un recurso legal más robusto para combatir el crimen organizado.

Durante su intervención, la diputada Larios señaló que, hasta ahora, los menores podían ser acusados de varios delitos al ser considerados cómplices, pero era preocupante que los adultos que los reclutaban no enfrentaran sanciones adecuadas. Esta situación no sólo desprotegía a la infancia, sino que también facilitaba la acción de las organizaciones criminales, que frecuentemente se aprovechaban de la vulnerabilidad de los jóvenes. «Con esta ley, aquellos ancianos que participen en estos crímenes se verán obligados a enfrentar penas de prisión. Esta será una herramienta muy importante en la lucha contra el crimen organizado», afirmó Larios con firmeza.

La votación para aprobar el proyecto fue unánime, recibiendo el respaldo de 44 suplentes que estaban presentes en el Ministerio Público. Cabe destacar que esta propuesta había sido aprobada en una discusión preliminar la semana pasada, lo que subraya el consenso sobre la necesidad de abordar este fenómeno creciente en la sociedad costarricense.

Una vez completados todos los trámites legislativos, el texto del proyecto de ley ha sido enviado al edificio presidencial. Este paso es inevitable para que el presidente Rodrigo Chaves pueda revisar y sancionar el documento, permitiendo así su publicación en el Gazette y la entrada en vigor de sus disposiciones.

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Sanciones en la nueva ley

Conforme a lo establecido en esta nueva legislación, la contratación de menores para la realización de delitos graves se sancionará con penas de prisión que oscilarán entre cuatro y seis años. Sin embargo, las sanciones podrían incrementarse hasta ocho años en casos donde el autor realice un ataque, intimide o amenace a un menor o a su familia. Asimismo, se contempla un aumento de las penas si se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los menores, tales como la pobreza, el acceso limitado a la educación o la condición de inmigrantes irregulares.

Las estadísticas del Poder Judicial muestran un preocupante incremento en la tasa de crímenes violentos que involucran a menores en los últimos cinco años. En 2019, se registraron 496 casos, mientras que para 2023, el número ascendió a 1,004. También se ha reportado el caso de un asesino a sueldo de apenas 13 años, quien fue contratado para llevar a cabo actividades criminales.

Costa Rica cerró 2024 con 880 asesinatos, convirtiéndose en el segundo año con más muertes violentas en su historia reciente. Según datos de la Oficina Penal, se estima que al menos uno de esos 64 asesinatos de jóvenes involucraba a un menor.

Desafortunadamente, las organizaciones criminales suelen reclutar a menores a causa de su vulnerabilidad y la falta de oportunidades educativas y laborales disponibles para ellos. Con esta nueva legislación, el gobierno busca frenar la utilización de menores en actividades delictivas y fortalecer la lucha contra el crimen en el país. La aprobación de esta ley resulta fundamental no solo para proteger la seguridad de los menores, sino también para mejorar las herramientas legales disponibles que aborden la impunidad asociada con el uso de niños y adolescentes en el crimen organizado, tal como observó la diputada Larios.

Comentario del editor: Imagen de portada en ilustraciones.