La Corte Suprema federal de Brasil tomó una decisión contundente este miércoles (03.2025) al decidir de manera unánime abrir un proceso criminal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2022, así como a otros siete individuos involucrados. Estos acusados están siendo investigados por supuestos intentos de llevar a cabo un golpe de estado, poniendo en tela de juicio la estabilidad democrática del país.

Brasil: la Corte Suprema juzgará a Jair Bolsonaro tras el intento de golpe de estado

El caso que ha captado la atención del mundo político brasileño se centra en el líder de la extrema derecha, quien es acusado de haber conspirado para anular la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, a través de una intervención militar. Esta situación es profundamente alarmante en un país que aún lleva en su memoria los traumas de la dictadura militar que tuvo lugar entre 1964 y 1985.

La votación, llevada a cabo por cinco de los jueces más prominentes de la sala, resultó en la aceptación de la queja formal presentada por la fiscalía. Posteriormente, también se escucharon los argumentos de la defensa de Bolsonaro. La decisión del tribunal plantea serias repercusiones para la carrera política del ex presidente, quien ha mostrado una clara admiración por el periodo de la dictadura, lo que podría intensificar las divisiones políticas en el país en los meses venideros.

En respuesta a estas acusaciones, Bolsonaro ha declarado su inocencia y se ha descrito a sí mismo como una víctima de una persecución política. «Parece que hay una motivación personal en mi contra, y las acusaciones son severas e infundadas», comentó al dirigirse a los periodistas que lo rodeaban, entre ellos su hijo Flávio Bolsonaro. En esa misma intervención, admitió que tras las elecciones de 2022, había discutido con comandantes militares la posibilidad de declarar un estado de asedio; sin embargo, argumentó que estas «hipótesis» estaban contempladas en la constitución.

«Indicaciones razonables»

El juez Alexandre de Moraes, encargado de instruir el caso, fue el primero en votar y expresó que existen «indicaciones razonables» y una «materialidad» que respaldan las acusaciones presentadas por el ministerio público. El juez subrayó que los hechos fueron descritos de manera detallada y satisfactoria, y aseveró que hubo un intento de llevar a cabo un golpe violento. «La propuesta de intervención militar para un golpe de estado fue claramente manifiesta», afirmó.

De acuerdo con el juez, «la organización criminal estructuró sus pasos con el fin de derrocar a un gobierno elegido legalmente», aunque este objetivo no se concretó debido a la resistencia de los comandantes del ejército y la Fuerza Aérea. Este proceso no solo pondrá a prueba la resiliencia institucional del Brasil contemporáneo, sino que también servirá como un recordatorio de la fragilidad de la democracia.

Además de Bolsonaro, otros siete colaboradores enfrentan investigaciones, incluyendo ex ministros como Walter Braga Netto (Defensa) y Anderson Torres (Justicia). A raíz de su cuestionamiento sobre la validez de las encuestas electrónicas, Bolsonaro ha sido inhabilitado políticamente hasta el año 2030; sin embargo, mantiene la esperanza de que esta sanción pueda ser revertida o al menos reducida. Fuente: DW