Recientemente, Maria Marta Carballo, quien es la actual jefa de la violación de la unidad social cristiana (PUSC), ha tomado una acción significativa al presentar un nuevo proyecto de ley en el ámbito legislativo. Este proyecto está diseñado con un propósito fundamental: el fortalecimiento de la protección hacia las mujeres que han sido víctimas de actos de violencia. La propuesta no solo busca brindar un resguardo más efectivo, sino que también tiene como objetivo la prevención de la creciente preocupación social de los femicidios.

El fundamento de esta iniciativa se alinea con el Registro 24,901. Esta normativa se ha creado con el fin de robustecer el marco legal existente, garantizando así una protección más efectiva para las mujeres que enfrentan situaciones de riesgo. Un objetivo esencial del registro es mejorar los mecanismos de control sobre los agresores y, al mismo tiempo, prevenir la ocurrencia de femicidios en la sociedad.

La propuesta de reforma va a modificar varias leyes importantes, incluidas aquellas que rigen el castigo de la violencia contra la mujer y las normativas relacionadas con la violencia doméstica, así como el derecho penal en general. Tal es la relevancia de esta iniciativa, que se ha decidido denominarla «Ley Katherine Garro», en homenaje a una joven madre que fue fatídicamente asesinada a manos de su expareja. Este ejercicio de honrar la memoria de las víctimas es fundamental para que las leyes tengan un significado más profundo y personal.

Entre los elementos más innovadores de la iniciativa se incluyen programas obligatorios de educación continua y psicoterapia para los agresores, además de sistemas de control electrónico de ubicación. Este último aspecto es crucial, ya que se pretende garantizar la implementación de restricciones efectivas que protejan a las víctimas en todo momento. De esta manera, se busca prevenir tragedias lamentables que pueden surgir cuando los agresores violan órdenes de restricción previamente establecidas.

Según los datos proporcionados en un comunicado de prensa del legislador, la situación en el ámbito de la violencia de género es alarmante. Se reporta que hasta la fecha en 2025, se han registrado 12 mujeres como víctimas fatales y para el año 2024, se han contabilizado muertes violentas, de las cuales solo 30 han sido categorizadas oficialmente como femicidios. Este escenario señala la urgencia de tomar acción decisiva frente a la problemática.

Desde 2019 hasta 2025, se llevaron a cabo más de 323,442 solicitudes para medidas de protección por violencia doméstica, un dato que resalta la magnitud de la crisis que enfrenta el país. Este archivo legislativo ha comenzado su proceso de revisión en la autoridad legislativa, un camino que se espera culmine con acciones concretas y efectivas en pro de la seguridad y el bienestar de las mujeres.

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