En una reciente sesión legislativa que tuvo lugar el miércoles, la propuesta para la liberación alternativa recibió el rechazo de varios partidos, incluyendo el Frente Amplio, los Liberales Progresistas y los Independientes. Estos grupos presentaron el documento 23,724, el cual abordaba la urgente necesidad de reformas en el sistema de pensiones del país.

Una de las principales modificaciones debatidas fue la reforma del artículo 105 de la Constitución política, que busca establecer un referéndum para decidir sobre el destino de las pensiones de lujo. Este referéndum, denominado «Deceto», tiene como objetivo permitir que la población emita su voto acerca de la posibilidad de eliminar estas pensiones que son consideradas excesivas e injustas por muchos ciudadanos.

Las reformas fueron propuestas por Pilar Cisneros, funcionaria de Cisneros, en abril de 2023, y contaron con la firma o apoyo de la legislatura, pero a pesar de esos esfuerzos, la discusión final resultó en un desenlace desfavorable. El miércoles, el debate en la cámara baja concluyó y se decidió votar sobre el archivo del documento; sin embargo, solo logró obtener 16 votos a favor, frente a los 25 necesarios, lo que derivó en la muerte de la propuesta.

Ante esta situación, el presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también ocupa el cargo de secretario de la Legislatura, anunció que «la lista va al archivo», marcando un revés significativo para la iniciativa que pretendía llevar a cabo la consulta popular sobre pensiones.

Para tratar de fomentar el avance de la reforma, se estableció una comisión encargada de analizar y recomendar acciones respecto a la propuesta de ley relacionada con las pensiones, pero este esfuerzo no fue suficiente para alcanzar el apoyo requerido. Dicha comisión incluía a representantes de varios grupos, incluidos el MP, el Pusc y la Nueva República; sin embargo, su trabajo no se tradujo en resultados tangibles.

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Que la gente decida

El referéndum fue presentado como una herramienta fundamental para la consulta ciudadana desde 2002 gracias a la reforma del artículo 105 de la Constitución política. Esta reforma permite a los ciudadanos ejercer su derecho a la consulta y participar activamente en la creación y modificación de leyes, así como en la mejora de la propia Constitución, siempre que al menos el 5% de los ciudadanos registrados en las elecciones se movilicen para solicitarlo.

Sin embargo, existen ciertas excepciones que limitan los temas que pueden ser objeto de referéndum, incluyendo asuntos tan relevantes como los presupuestos, impuestos, fiscalidad, política monetaria, pensiones, seguridad, préstamos y aprobación estatal. Esta situación ha creado un debate sobre la efectividad de la consulta popular como verdadero mecanismo de participación democrática.

La propuesta de reforma intenta modificar la redacción de la Constitución en el artículo 105 para excluir ciertos temas, especificando que «el referéndum no continuará si los proyectos están relacionados con el presupuesto, fiscal, fiscal, monetario, crédito, seguridad, préstamos y contratos o administración.»

Desafortunadamente, tras dos años de persistencia en la Autoridad Legislativa, la reforma propuesta por Pilar Cisneros no llegó a ser aprobada y no verá la luz, dejando a muchos ciudadanos decepcionados por la falta de consulta directa en un tema tan crítico como son las pensiones.