El presidente Rodrigo Chaves, en una reciente declaración realizada el miércoles, anunció su intención de ejercer un veto sobre un proyecto de ley que permitiría a la agencia del poder judicial costarricense, el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), beneficiarse de un plan de pensiones que podría extenderse hasta los 55 años. Esta decisión ha generado un intenso debate en el ámbito político y social del país.

La iniciativa original fue propuesta en la temporada legislativa anterior por el diputado Dragos Donolescu y ha sido reintroducida por la legisladora Alejandra Larios del partido Libertario. La controversia en torno al veto surge en un momento crucial, ya que la votación para el segundo debate del proyecto está programada para el próximo 8 de abril, lo que añade presión sobre los legisladores y el presidente.

«Es lamentable y, para ser sinceros, ya no es sorprendente ver cómo se oponen a proyectos que son vitales para la seguridad y funciones críticas del OIJ, que es el principal ente de lucha contra el crimen en nuestro país,» declaró Larios en respuesta al anuncio del presidente, quien se está convirtiendo en una figura polarizadora en términos de políticas de seguridad.

Larios recalca que su partido y ella misma esperan con atención la decisión final de Chaves a la que respondan en consecuencia, pero enfatizó que la posibilidad de un retorno al proyecto de pensiones tampoco está completamente descartada. «Finalmente, será su responsabilidad asumir las consecuencias de su decisión y los opositores al proyecto también tendrán que asumir las suyas,» manifestó Larios.

El presidente Chaves argumenta que su decisión de vetar se debe a la necesidad de proteger la viabilidad financiera y el quórum público, señalando que se trata de un proyecto que podría tener implicaciones negativas para futuras pensiones. «Lo que estamos viendo son situaciones extremadamente peligrosas. La labor de la policía está en constante riesgo, y se ha evidenciado en casos como el del policía Maynor Martínez, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber,» comentó Chaves en una conferencia de prensa, mientras subrayaba la gravedad del contexto de seguridad nacional.

Siga más: Chaves se negará a usar el veto que permita a los agentes OIJ obtener 55 años

Desgraciado

El diputado Larios también ha expresado su frustración por cómo el presidente Chaves ha abordado este tema en la agenda pública, afirmando que en ningún momento se debería poner en duda la capacidad y compromiso de la fuerza pública en su labor. «Apoyar una iniciativa como esta no significa que estamos en contra de otras fuerzas políciales, sino que se busca garantizar el bienestar de nuestros agentes,» argumentó Larios, enfatizando la necesidad de reconocer el peligro que enfrentan a diario.

Por otro lado, el Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, ha señalado que el Comité de Pensiones Judiciales enfrenta un desajuste significativo en sus cuentas, una falta de ¢804,000 millones que es crucial para el sostenimiento del sistema. «Las decisiones que se toman, en este caso, no solo afectan a un grupo, sino que amplían el hueco fiscal, ya que implica que lo que se estaba considerando se pagará en el futuro, agravando aún más nuestra situación económica,» advirtió Acosta, instando a los legisladores a reflexionar sobre el impacto de sus decisiones en el bienestar nacional.

El mencionado proyecto de ley tiene como objetivo permitir que los agentes del OIJ se beneficien de un sistema de jubilación que podría alcanzar hasta el 82% del salario promedio de sus últimos 240 meses de servicio, considerando el índice de precios al consumidor (IPC) para ajustar su valor. Además, el proyecto detalla mecanismos para acceder a la jubilación anticipada, con base en criterios definidos que protegen los derechos de los involucrados.

Como se señala en el texto del proyecto, «Si el retiro ocurre cuando el servidor cumple con los requisitos de edad o años de servicio, pero no ha alcanzado los treinta años requeridos, la jubilación se calculará mensualmente, sin menoscabo de los años trabajados, siempre que se haya prestado el servicio correspondiente.» Esto serviría para ajustar el monto a pagar, tomando en cuenta un promedio específico según la antigüedad del trabajador.