En el contexto del mensaje anual del presidente Rodrigo Chaves de la Corte Suprema, es fundamental destacar las declaraciones polémicas que marcaron este evento. En este discurso, Chaves abordó temas delicados y emitió críticas contundentes referidas a “expresión ofensiva que tiene la intención de obtener la legitimidad del poder judicial”. Este lenguaje no solo disparó la polémica, sino que también generó un debate intenso sobre la relación entre los poderes del Estado en Costa Rica.

Las reacciones no tardaron en llegar. El día posterior al discurso, el presidente de la Corte Suprema, Aguirre, emitió una declaración enérgica, señalando que las críticas no eran meramente políticas, sino que atacaban la esencia misma del sistema judicial. Aguirre realizó un llamado a la importancia de recordar que Costa Rica es una democracia constitucional que se fundamenta en la división de poderes, un principio que no debe ser considerado una simple formalidad. “La existencia de una garantía real de que ningún poder estatal puede hacerse frente a otro y que todos los empleados del autogobierno actúan dentro de los límites establecidos por la Constitución es vital para nuestra democracia”, afirmó Aguirre con firmeza.

En particular, la jerarquía judicial expresó su descontento sobre las afirmaciones que el presidente hizo respecto a las decisiones tomadas por la agencia del poder judicial y la falta de evidencia que las sustentara. Las declaraciones que aludían a “fiscales corruptos” y a “redes de cuidado” fueron tildadas de innecesarias y peligrosas para el equilibrio democrático y el respeto mutuo entre las distintas instancias del Estado. Aguirre subrayó que este tipo de afirmaciones puede dañar la confianza que los ciudadanos tienen en las instituciones, debilitando así el estado de derecho que debería prevalecer en una sociedad democrática como la de Costa Rica.

El presidente del poder judicial enfatizó que la Corte está comprometida a enfrentar los desafíos estructurales que plantea la justicia. “El poder judicial es consciente de las expectativas legítimas de mejora por parte de los ciudadanos. Estamos decididos a avanzar en cuanto a eficiencia, transparencia y cercanía con la población. Sin embargo, estos procesos deben llevarse a cabo sin comprometer nuestra autonomía y sin desfigurar el debate público institucional”, expresó Aguirre en su comunicado.

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Al tratar de calmar las aguas, Aguirre dejó claro que no hay interés en entrar en un conflicto abierto. “No buscamos colisiones. Nuestro deber es mejorar el control de la justicia y continuar colaborando con los servicios del país”, concluyó.

Lo que dijo el presidente sobre la justicia

Durante su presentación del 5 de mayo, Chaves hizo referencia a varios temas sensibles que involucran el sistema judicial. Criticó a los tres últimos fiscales generales, acusándolos de actuar de manera arbitraria y alegando que sus decisiones son incomprensibles, “solo Dios sabe bajo qué incentivos se basan”. El presidente lamentó la falta de investigaciones y enjuiciamientos en casos de corrupción que involucran a figuras políticas, sugiriendo que existen “redes de atención” que operan eficientemente para proteger ciertos intereses.

Chaves llegó incluso a insinuar que, en la oficina del fiscal, “no existe justicia para todos”. Resaltó que numerosos casos de corrupción permanecen sin resolver, ajustándose a la idea de que muchos archivos “siguen durmiendo el sueño de los justos” y jamás alcanzan una condena. Estas afirmaciones evidencian el choque entre Chaves y el actual Ministro de Justicia, Carlo Díaz, a quien ha catalogado de “corrupto” y “títere matón de Barrio”.

Además, instó a los diputados y magistrados a reflexionar sobre el legado que dejarán. Les urgió a no ser cómplices de un sistema que, según él, protege lo que es “intocable” y permite que “la justicia carezca de equilibrio, convirtiéndose en una calculadora”. El presidente enfatizó la urgencia de realizar cambios organizacionales en el poder judicial y en la oficina del fiscal para evitar que Costa Rica se convierta en rehén de intereses especiales y de una red de protección contra la corrupción.