Costa Rica mantiene uno de los más altos de prisión en América Latina y el Caribe.

Dado que, Académicos de la Universidad Nacional (ONU) cuestionan la efectividad de un castigo criminalabogar por abordar las causas estructurales de la violencia.

Los registros de la tierra 343 personas por cada 100,000 residentes en prisión. Esta figura lo coloca como el quinto en la región y el tercero en América Central.

Solo es excedido por El Salvador (1 659 prisioneros por cada 100,000 habitantes), Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

En todo el mundo, el país fue posicionado jurisdicciones en 224.

El número de personas privadas de libertad ha crecido significativamente, de 7.575 en 2000 a 19.728 a fines de 2023.

El gobierno ha expresado su interés en construir una prisión con capacidad para 5000 privados de libertad.

Dado que, Marco Feoli, Académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, Criticar la política penal.

‘Necesitamos pensar cuánta prisión es así y nosotros, como sociedad, preguntamos si lo que queremos, personas o menos violencia en la cárcel. Porque si lo que queremos menos violencia ya sabemos que la estrategia de encarcelamiento no es la respuestaPorque el crimen organizado es mucho más poderoso y no dejará de funcionar solo porque más personas están encerradas ”, dice Feoli.

El académico enfatiza que el estado no tiene suficientes recursos para administrar prisiones.

Feoli describe el proyecto Megacárcel como una “mirada” y que el gobierno utiliza el tema como una atracción políticaSabiendo que no estará listo a corto plazo.

Señala que una nueva infraestructura de tal punto requeriría un aumento significativo en el personal, incluida la policía de la policía, los expertos penales, los médicos y el personal administrativo.

Feoli enfatiza que menores 13 y 16 años se insertan en estructuras criminales, Refleja “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad”.

Por otro lado, Yolanda Pérez, coordinadora del Maestro en Administración de Justicia de la ONAHaga hincapié en la necesidad de reformular la ley de derecho de la juventud (No. 7.567, 1996).

“Esta ley se originó en un contexto en el que el país vivía la situación de las ‘capulinas’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se aplica a los niños utilizados y reclutados por estas organizaciones.

Ambos académicos están de acuerdo en la urgencia de asistir a las causas estructurales de la violencia.

Estas causas incluyen Desigualdad, la situación de la educación pública, la falta de oportunidades para los jóvenes, la desintegración familiar y el uso de drogas.

Lamentan que la sociedad esté perdiendo un tiempo valioso en soluciones ineficaces, como el Proyecto de Prisiones, en lugar de centrarse en importantes programas educativos y de apoyo.

Afuera, Enfatizan el estigma social con el que las personas que estaban en prisiónlo que impide su reintegración efectiva.