Nicaragua Este viernes aprobó una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad. Esta decisión significa que los nicaragüenses que decidan adquirir otra nacionalidad, quedarán automáticamente despojados de su ciudadanía nicaragüense. Este movimiento ha sido impulsado directamente por las figuras del gobierno, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han estado bajo un creciente escrutinio debido a sus políticas de exclusión.

El gobierno sandinista, liderado por Ortega y Murillo, ha llevado a cabo una serie de acciones que han resultado en la pérdida de la nacionalidad nicaragüense para cientos de opositores y críticos. Muchos de estos individuos han sido forzados a abandonar el país durante el último año, como parte de una estrategia para consolidar el poder y eliminar cualquier forma de disidencia. Este ambiente de represión ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.

La Asamblea Nacional, que opera bajo la influencia del gobierno, indicó a través de un comunicado en el X-network que durante una ‘sesión especial’ efectuada en la ciudad de Niquinohomo, se aprobó por unanimidad la ‘reforma parcial’ que modifica los artículos 23 y 25 de la Constitución. Esta medida fue presentada como una iniciativa por parte de la pareja presidencial, lo que pone en evidencia el uso del poder legislativo como un instrumento para avanzar sus agendas personales.

La reforma estipula que “un nicaragüense perderá su nacionalidad al adquirir otra”, según lo declarado por el organismo legislativo. Este punto ha sido justificado bajo la premisa de que “quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un estado extraño, rompe el vínculo legal y moral con Nicaragua”. En este sentido, argumentan que no puede existir doble fidelidad, ya que la patria exige un compromiso exclusivo. Este tipo de retórica es común en regímenes que intentan reforzar su control sobre la ciudadanía y la identidad nacional.

Además, los cambios constitucionales también señalan que “los extranjeros que solicitan la nacionalización deben renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos”. Esta cláusula ha levantado críticas, ya que parece cerrar aún más las puertas a aquellos que buscan integrarse a la sociedad nicaragüense sin renunciar a sus raíces. Se presenta así una política que no solo limita derechos, sino que también dificulta la diversidad y la inclusión.

La antigua guerrilla sandinista, que surgió a la vida política de Nicaragua tras la victoria de la Revolución Sandinista en la década de 1980, ha mantenido un control sólido sobre el país desde 2007. Sin embargo, su gobierno ha sido acusado de establecer un régimen autoritario, especialmente frente a las crecientes críticas de opositores y organizaciones de derechos humanos.

A medida que Ortega y Murillo radicalizan sus posturas, han incrementado el control sobre la sociedad nicaragüense, especialmente en respuesta a las protestas que tuvieron lugar en 2018. Estas manifestaciones, que exigían mayor democracia, resultaron en la represión violenta que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con informes de la ONU. El gobierno, por su parte, ha calificado estas manifestaciones como intentos de golpe de estado patrocinados por Washington, en un intento de deslegitimar las quejas de la población y fortalecer su narrativa de defensa de la soberanía.