El presidente Rodrigo Chaves ha expresado su firme postura respecto a la legislación actual, afirmando que si los partidos de oposición intentan llevar adelante el proyecto conocido como “la reforma de la ley 8,754”, que se orienta a combatir el crimen organizado y a fortalecer el papel de la administración de la controvertida jurisdicción, conocida comúnmente como capitales emergentes, él no dudará en imponer un veto. Esta advertencia subraya su compromiso con lo que considera una defensa de la integridad legal en el país.

Chaves subrayó que, específicamente en relación a leyes como la de extinción del dominio, si estas leyes no cumplen los estándares adecuados y se alinean con su interpretación de la justicia, él se siente obligado a ejercer su poder de veto. Dio un ejemplo ilustrativo: “Imagine que un individuo, como Carlo Díaz Utility, afirme que los cinturones, zapatos, relojes y demás propiedades, incluidos los fondos que tiene en su cuenta bancaria, no provienen de un origen claro. Esa es una situación que no se puede permitir”.

El pasado 31 de marzo, se aprobó un documento clave en la discusión del proyecto de ley, bajo el número 22,834. Este documento fue inicialmente presentado por el gobierno de Alvarado, y su contenido proponía otorgar a las autoridades el poder de congelar bienes y productos cuyo origen sea dudoso. Este proceso genera numerosas interrogantes sobre su implementación y sus posibles efectos en la ciudadanía.

El plan de congelamiento de activos fue aprobado con un respaldo mayoritario que incluyó 25 votos favorables provenientes de diferentes grupos políticos, tales como el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio, así como la Unidad Social Cristiana, y el Progreso Social Democrático, encabezado por Luz Mary Alpi, junto a la independiente Gloria Navas. Sin embargo, la coalición del partido gobernante, Nueva República, junto con los liberales progresivos, se manifestaron en contra, exhibiendo serias dudas respecto al texto completo de la reforma presentada.

Dudas

La propuesta destaca por su capacidad de permitir a las autoridades congelar o confiscar productos y activos financieros pertenecientes a una persona o comunidad bajo investigación, incluso antes de que se presente una acusación formal. Este tipo de procedimientos plantea una serie de interrogantes sobre la protección de los derechos de los ciudadanos y los posibles abusos que podrían derivarse de esta nueva normativa.

Según lo estipulado en la propuesta, los activos se congelarían inicialmente por un período de 30 días, tiempo durante el cual se le podría otorgar a la persona afectada un total de tres días para demostrar el origen legítimo de dichos fondos. Sin embargo, esta disposición ha sido objeto de críticas y cuestionamientos, especialmente por los posibles impactos que podría tener sobre la economía de individuos inocentes.

Durante el proceso legislativo, el proyecto de ley experimentó modificaciones significativas, incluida la eliminación del umbral económico que originalmente existía para considerar la posibilidad de congelar activos. Varios legisladores, entre ellos los diputados Pilar Cisneros y Eli Feinzaig, del bloque de los liberales progresivos, manifestaron sus preocupaciones con respecto a esta legislación y su implementación.

Incluso para avanzar hacia su aprobación en la primera discusión, se mencionó la necesidad de enviar el documento al Comité de Seguridad y Drogas para mejorar el texto; sin embargo, no contaba con el respaldo necesario de la mayoría, lo que llevó a que el proyecto fuera desechado en esa ocasión.