Este miércoles, el más reciente veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves, fue presentado ante la Asamblea Legislativa. Este veto se enmarca dentro de un contexto más amplio de revisiones y cambios legislativos que han suscitado un intenso debate en el país.

El actual veto se refiere a un proyecto que se fundamenta en el documento 24,495, el cual busca extender las normativas relacionadas con la implementación de ataques judiciales. Este proyecto había sido debatido y adoptado durante el segundo debate el 29 de abril, y el veto fue formalizado el 9 de mayo, respetando así el plazo de diez días estipulado por la constitución política del país.

“Al aplicar los poderes que se adjuntan al Artículo 125”, el presidente argumenta su posición. Entre las razones que justifican el veto, destaca una propuesta de la subdirectora general de la libertad de libertad, Monserrat Ruiz, quien sostiene que “implica procedimientos significativos”. La crítica a la ley también proviene de la Fundación CASA, cuyas advertencias apuntan a que la legislación en cuestión podría comprometer derechos esenciales.

El presidente de CASA enfatizó que “estamos considerando influir en el derecho constitucional a la privacidad del domicilio legal, así como a otros principios constitucionales”. Ellos sostienen que el texto propuesto crea una atmósfera de incertidumbre en el ámbito legal y constituye una amenaza a derechos fundamentales.

El texto en cuestión, si bien por un lado apoya los ataques en un marco de 24 horas y 365 días al año, genera confusión, ya que también estipula el abandono de la emergencia que justificaba estos ataques. La pregunta que surge es: ¿por qué, si la autorización es general, se convierte en una condición confirmada para su aplicación?

Esta ambigüedad resulta problemática para los abogados, quienes se ven en la situación de actuar bajo una autorización general que les permite llevar a cabo ataques judiciales incluso en días en los que no existen situaciones urgentes. Esto plantea la posibilidad de que cualquier error en la interpretación de la ley pueda invalidar esa legalidad, afectando así todas las evidencias recolectadas.

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La tarea

El proyecto, que ha sido aprobado en dos debates, tiene como objetivo reformar el Artículo 193 del Código procesal penal. La modificación busca introducir cambios significativos en la manera en que se manejan las órdenes judiciales para realizar búsquedas. A continuación, se detallan algunos puntos clave del nuevo texto:

“193.”

Este nuevo enfoque establece que la orden del juez para llevar a cabo una búsqueda será más ágil, según lo que señala el texto revisado. Las condiciones para la resolución de estos casos serán las siguientes:

– En situaciones de procesamiento normal, el juez tiene un plazo máximo de tres días calendario para tomar una decisión.

– En casos que involucren procedimientos especiales, como el crimen organizado o procesos complejos, el plazo de resolución se establece en un máximo de cinco días calendario.

Actualmente, los ataques judiciales solo se permiten entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, y no están permitidos durante festivales o celebraciones.

Un aspecto notable es que en esta discusión, el proyecto recibió el apoyo de 34 suplentes, mientras que la clase pública optó por votar en contra.

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Cuatro veto

Con este nuevo veto, ya son cuatro los vetos emitidos por el presidente Rodrigo Chaves desde su asunción al cargo en 2025. En febrero de este año, se produjeron dos vetos importantes: uno relacionado con la promoción de vuelos de bajo costo a América Central, que afectó notablemente los precios de los boletos aéreos, y otro que estableció una fecha límite para el control de las leyes aprobadas en el Parlamento, así como sanciones para aquellos que no cumplieran con dichos plazos.

Además, hace unas semanas, se presentó otro veto sobre un proyecto que permitiría que la pensión del Defensor del Pueblo para el Instituto de Investigación (OIJ) fuera gestionada de manera más eficiente. Este contexto de veto refleja la tensión actual en la política nacional y las implicaciones que ello tiene para el futuro legislativo del país.