Dos proyectos de ley que están siendo discutidos de manera afirmativa en la Comisión de Asuntos Municipales de la Reunión legislativa proponen reformas significativas al Código Municipal de Costa Rica. Estas reformas están diseñadas para regular de manera más eficiente los salarios de los alcaldes y las dietas de los concejales municipales, lo que podría tener un impacto considerable en la administración pública a nivel local.

En primer lugar, una de las propuestas establece que el salario de los alcaldes no debe exceder la suma de ₡ 4.8 millones mensuales. Esta iniciativa busca limitar los altos salarios que algunos alcaldes reciben en comparación con el presupuesto disponible de sus respectivos municipios. Por otro lado, la segunda propuesta tiene como objetivo también regular las dietas de los concejales municipales para asegurar que se mantengan dentro de límites razonables y justos.

Ambas propuestas son de la autoría del diputado Horacio Alvarado, quien pertenece a la Unidad Social Cristiana (PUSC), y cuentan con el respaldo de otros legisladores de la misma corriente social -cristiana. Esto muestra una unidad en la intención de reformar las políticas salariales en el ámbito municipal, buscando una mayor transparencia y responsabilidad fiscal.

Corte salarial de los alcaldes

El primer proyecto de ley, conocido como archivo 24385 “Reforma al Código Municipal en el campo del salario, el descanso y la autonomía funcional de los alcaldes, vicealcaldes, intenciones y vicios”, se ha presentado por parte de Horacio Alvarado de PUSC. Este estableciendo que el salario de un alcalde debe ser determinado más equitativamente, tomando como referencia el presupuesto ordinario municipal.

La sección 20 del Código Municipal establece que el sueldo del alcalde debe estar basado en un mecanismo robusto que asegure que no gane menos que el empleado mejor remunerado en el municipio. Sin embargo, un aspecto a considerar en esta reforma es que la frase “no aumentarán menos que el salario máximo” puede ser malinterpretada como un límite salarial. Esto quiere decir que podría haber un máximo que no debe superarse.

La intención detrás de esta propuesta es que los salarios de los alcaldes reflejen la realidad económica de cada municipio, buscando así reducir el gasto público. Este enfoque es especialmente pertinente, dado que algunos alcaldes, como los de Matina y Talamanca, reciben sueldos de aproximadamente ₡ 5.7 millones, lo cual se asemeja a los ingresos del alcalde de San José, a pesar de que el presupuesto del municipio josefino es sustancialmente más alto, alcanzando cifras superiores a ₡ 80,000 millones.

Además, el proyecto incorpora incentivos salariales basados en la educación. Por ejemplo, los alcaldes recibirían un 35% adicional en su salario base si poseen un título universitario de Baccalurus, y un 55% adicional si cuentan con un título de grado o mayor.

Nueva propuesta para dietas municipales

La segunda propuesta se encuentra en el archivo 24078 titulado “Ley de capital para calcular la compensación, regulando la regulación para el ajuste anual y el pago por día en las posiciones de las elecciones populares en el régimen municipal”. En este caso, el proyecto sugiere un cambio en el concepto de dieta, transformándolo en una asignación mensual fija.

Esta reforma busca calcular la ‘compensación mensual’ en función del salario de un 1 del poder judicial y las posibilidades financieras de cada municipio. Actualmente, los concejales reciben una dieta por cada sesión asistida al Consejo Municipal dentro de un mes calendario. La nueva propuesta también contempla la posibilidad de que los concejales justifiquen sus ausencias, lo cual ya está contemplado en diversas fuentes del marco legal costarricense. Esto se traduce en la creación de cifras de sustitución para cada concejal y su respectivo curador.

Según el texto, esto busca maximizar las posibilidades de cumplir con el quórum, promoviendo así una mayor participación en la toma de decisiones dentro del Consejo Municipal. Al implementar estas reformas, se espera no solo una mejora en la administración de recursos, sino también un fortalecimiento de la democracia a nivel local.