El jefe de la fiesta gobernante, Pilar Cisneros, descalificó los ataques realizados por el Fiscal General el martes por presuntos actos de corrupción relacionados con la recuperación de la vía del aeropuerto de Liberia de Daniel Oduber. Las acusaciones culminaron con el arresto del exministro de MOPT, Mauricio Batalla Otárol, junto con otros funcionarios del gobierno actual. Esta situación ha suscitado un gran debate, no solo sobre la legalidad de las acciones del gobierno, sino también sobre la eficacia de las instituciones encargadas de velar por la justicia en el país.

“Otra actuación política, otra reunión del fiscal Carlos Díaz, quien está tan envenenado y tiene tanto odio. El gran problema de ello, sabes lo que el hígado no piensa, solo el cerebro piensa. Veamos, sigue siendo un caso absolutamente ridículo, ridículo. Finalmente, la pista se convirtió en menos que el costo inicial”, dijo Cisneros.

La Legislatura, por su parte, ha insistido en que ha habido un ahorro para el Tesoro público y que no se ha producido un gasto adicional. Este punto es crucial en la defensa del gobierno actual, ya que se argumenta que, al no cerrar el aeropuerto de Liberia —un punto clave que recibe el 40% del turismo nacional—, se evitaron consecuencias catastróficas para la economía del país. La legisladora destacó que, en caso de que el aeropuerto hubiese cerrado, muchas empresas habrían quebrado, afectando a guanacastes y al país en general.

Cisneros subrayó que no había absolutamente nada ilegal en las decisiones tomadas por el gobierno, pues, según su visión, la oficina del fiscal está bien informada de los hechos. “Solo mira la cara del director del OIJ, nervioso. No trata de disimular porque saben que están haciendo mal. Pero creo que están exagerando la situación, y lo que están logrando es dañar aún más la frágil credibilidad que le queda al poder judicial. Veremos hasta dónde llegan”, concluyó.

Asunto

El caso en cuestión está estrechamente relacionado con la recuperación del rastro del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste. Este asunto ha llevado a la oficina del abogado general a investigar presuntas irregularidades en la inclusión de dicho trabajo en decisiones de emergencia y la contratación que siguió. En julio de 2022, la tormenta tropical Bonnie afectó varias regiones del país, aunque no se reportaron daños significativos en el área circundante al aeropuerto de Liberia.

A pesar de esto, en junio de 2023, el presidente Rodrigo Chaves y el entonces Ministro de Presidencia, Natalia Díaz, firmaron una decisión ejecutiva casi un año después del fenómeno climático, que amplió la cobertura de un plan de emergencia urgente. Esta inclusión permitió que la recuperación del carril del aeropuerto se llevara a cabo bajo reformas urgentes, permitiendo la contratación de la empresa de construcción MECO por un monto de ¢ 21,800 millones, eludiendo los procesos habituales de contratación administrativa.

Este contrato fue cuestionado porque otra compañía, el Consorcio de Pedegal, presentó una oferta por ¢ 1 mil millones menos. Sin embargo, el gobierno argumentó que los términos de referencia contenían requisitos de experiencia que solo MECO podía cumplir, lo que despertó preguntas sobre la transparencia del proceso. Se advirtió sobre esto en un informe firmado por siete funcionarios de la Unidad de Infraestructura de Aeronaves de la Dirección General de Aviación Civil, que señalaban la ilegalidad de incluir la recuperación de la pista en una decisión de emergencia, debido a la falta de conexión entre la tormenta tropical y el daño a la superficie del anillo, que databa de 2015.

El 12 de marzo de 2024, el presidente Chaves despidió al exministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, y al exdirector de aviación civil, Fernando Naranjo Elizondo, debido a las presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de la Compañía MECO para llevar a cabo estos trabajos. Amador ha negado su participación en la elaboración o aprobación de las condiciones del contrato, sugiriendo que su despido fue una maniobra política del presidente Chaves para deshacerse de él, argumentando que el presidente conocía cada paso de este proceso y utilizó el tema como un escudo para sus propias decisiones.

En enero de 2024, el Fiscal General de la República abrió una investigación sobre el presunto delito de falsedad ideológica, bajo el archivo 24-0030-1218-PE, que involucra al presidente Rodrigo Chaves, la ministra Natalia Díaz, presidenta de la CNE, Alejandro Picado, el exministro Amador y el exdirector de aviación civil, Fernando Naranjo. Las reparaciones comenzaron en marzo de 2024, pero fueron suspendidas en junio debido a alertas meteorológicas y a una propuesta de MECO, que indicaba que el daño a la base de la vía era menor al esperado, reduciendo el costo del contrato en $5.5 millones. La Dirección General de Aviación Civil y la CNE acordaron detener los trabajos para revisar el nuevo diseño y contratar a un experto internacional que evaluara la propuesta.

En la operación del martes, fueron arrestados Mauricio Batalla Otárol, exministro de Obras Públicas y Transporte; Alejandro Picado Eduarte, Presidente de la CNE; Marcos Castillo Masís, director de aviación civil; y Henry Villalobos, jefe de Obras, en una unidad más amplia del CNE.