Un nuevo proyecto de ley presentado por el Frente Amplio (FA) este lunes ofrece a los pensionistas que se encuentren en un periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029 la posibilidad de recibir su ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones) completa dentro de un marco de dos años. Esta propuesta ha sido recibida con optimismo por parte de líderes del RAM, quienes consideran que puede ofrecer un respiro considerable a aquellos que se encuentran en una situación económica complicada.

El plan original es impulsado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y ha generado un entusiasmo renovado entre sus miembros. Rocío Alfaro, una diputada del FA, ha resaltado que la medida beneficiará a un grupo vulnerable, compuesto por poco menos de 30 mil personas. Estos pensionistas han enfrentado una serie de dificultades, en gran parte debido a que no pudieron cotizar lo necesario para acumular los ahorros suficientes en sus planes de pensiones, lo que ha llevado a que sus inversiones sean limitadas.

La situación económica de este grupo se ha visto agravada por dos crisis consecutivas que han azotado al país y al mundo: la pandemia de Covid-19 y la crisis generada por la invasión de Rusia a Ucrania, además de las tensiones crecientes en el Medio Oriente. Alfaro subrayó que estas circunstancias han tenido graves repercusiones en las finanzas de muchas familias y pensionistas, aumentando sus preocupaciones respecto a su estabilidad financiera.

Un estudio de 2021 realizado por la Oficina del Consumidor Financiero reveló que un alarmante 74% de los jubilados tenía deudas y dedicaban una parte considerable de sus ingresos para afrontarlas, lo que representa una carga significativa en su calidad de vida. En este contexto, Alfaro hizo hincapié en que la implementación de este nuevo proyecto de ley no ocasionará una falta de control en el mercado de capitales en los dos años siguientes a la entrega de la ROP, ni perjudicará de manera significativa el crecimiento de los fondos de pensiones.

La diputada aclaró que el impacto de esta medida será del 1.6% de la cantidad total actualmente administrada, lo cual es moderado y manejable dentro del contexto del sistema financiero. Además, mencionó que la iniciativa no solo ofrece un alivio a las deudas de las familias costarricenses, sino que también funcionará como capital inicial que podrá ser utilizado por los pensionistas para iniciar actividades productivas y laborales.

Por otro lado, Gilberth Jiménez, diputado del Partido Nacional de Liberación (PLN), ha presentado otro proyecto que permitiría a cualquier pensionista retirar la ROP de acuerdo a sus necesidades, sin tener que cumplir con las regulaciones estrictas que imponen los operadores financieros en la actualidad. Este enfoque podría dar más flexibilidad a los afiliados en relación con sus fondos de pensiones.

Ambos proyectos de ley deberán iniciar su recorrido legislativo antes de que puedan considerarse para su eventual aprobación como ley de la República, lo cual será un proceso crucial para definir el futuro financiero de muchos jubilados en el país.