Los delegados del Partido Cristiano de la Unidad Social (PUSC) han planteado la importancia de discutir las distintas fracciones que componen la Reunión legislativa. En este contexto, están promoviendo un proyecto de ley trascendental que permitiría la extradición de ciudadanos costarricenses implicados en delitos graves relacionados con el tráfico internacional de drogas y el terrorismo. Este tipo de legislación es crucial para fortalecer el marco legal del país frente a los desafíos que presentan las organizaciones criminales internacionales.

Alejandro Pacheco, quien desempeña el papel de jefe de la fracción del PUSC, ha hecho un llamado a las otras fracciones legislativas para que se unan en la votación de los tres debates necesarios que llevarían a la reforma del Artículo 32 de la Constitución Política de Costa Rica. Este proceso legislativo es un paso fundamental para considerar las preocupaciones de seguridad que afectan a la población costarricense en la actualidad.

En un comunicado, el PUSC reafirmó su compromiso hacia una política robusta y decidida contra el crimen, enfatizando que su objetivo es restaurar la paz y la seguridad que han caracterizado a Costa Rica como una nación a lo largo de su historia. “Del PUSC, confirmamos nuestra dedicación a una política firme y determinada contra el crimen, que regresa a Costa Rica la paz y la seguridad que históricamente nos ha definido como una nación”, declaró el partido.

En este sentido, Alejandro Pacheco también destacó: “Este es el mensaje más claro y poderoso que podemos dar a los ciudadanos: que esta reunión legislativa se compromete a trabajar para la seguridad de los costarricenses”. La importancia de este mensaje radica en la necesidad de restaurar la confianza pública en las instituciones y en el sistema de justicia del país.

El proyecto

La propuesta en cuestión es el archivo 23.701, titulado “Reforma al artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para permitir la extradición de los nacionales”, que fue presentada técnicamente por el diputado oficialista Pilar Cisneros. Esta iniciativa ha sido vista como una medida necesaria para afrontar los retos que enfrentan las autoridades en la lucha contra la criminalidad organizada.

La iniciativa REG fue aprobada hace cinco meses, específicamente el 20 de noviembre de 2024, con la opinión unánime de 44 legisladores durante el segundo debate en la Primera Legislatura. Lo más destacado de esta votación es que la Sala IV no encontró vicios en el texto propuesto, lo que fortalece su viabilidad.

En la actualidad, la Constitución prohíbe la extradición de nacionales, lo cual se ha identificado como un obstáculo significativo en la lucha contra las estructuras criminales transnacionales, que operan con un alto grado de impunidad y que afectan el bienestar de la población.

Pasos a seguir

Sin embargo, la reforma no se convierte en ley inmediatamente después de la votación en el segundo debate, sino que debe seguir una serie de pasos legislativos adicionales. Antes de su implementación, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

• El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ya ha citado la reforma en su informe de trabajo del 5 de mayo de 2025.
• Después de la presentación del informe, deberán llevarse a cabo tres debates adicionales en la Asamblea Legislativa.
• Con la aprobación de estos tres debates, la enmienda al artículo 32 de la Constitución Política se volvería firme.

El texto modificado se redactaría de la siguiente manera:

Artículo 32:

“Ningún costarricense puede verse obligado a abandonar el área nacional a menos que el caso del tráfico internacional de drogas o el terrorismo, la extradición haya sido otorgada por los tribunales de justicia, con un cumplimiento estricto de los derechos fundamentales y las garantías procesales reconocidas en esta constitución”.