Con el veto recientemente impuesto sobre el proyecto que propone fortalecer la pensión del Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) al alcanzar la edad de 55 años, ya se han registrado tres instancias en las que se debe abordar y resolver la situación del veto en la corriente legislativa.

Los miembros alternativos del Parlamento ahora tienen la tarea crucial de decidir si mantienen el veto o si lo modifican para que se convierta en Ley de la República. Para poder revocar dicho veto, se necesita un mínimo de 38 votos, lo cual representa un desafío significativo en el actual contexto político.

Además del proyecto que se centra en las Pensiones Avanzadas del OIJ, hay otros dos vetos adicionales que están bajo consideración en el Parlamento: uno relacionado con los vuelos de bajo costo hacia América Central y otro sobre las regulaciones pertinentes a la ley reconocida. Estos temas son parte de los asuntos pendientes que debe resolver el Parlamento y se espera que se discutan durante el período legislativo actual, el cual ha estado marcado por inusuales reuniones. Sin embargo, para que esto ocurra, el ejecutivo debe dar a conocer los archivos que se requieren, según lo estipulado en el programa legislativo.

Este jueves, el Secretario de Estado incluyó un tema sobre vuelos de bajo costo en la agenda, aunque posteriormente el plan se modificó debido a circunstancias fuera de su control. Pilar Cisneros ha expresado su desconfianza hacia este cambio repentino en la programación.

Los otros dos documentos sujetos a veto no pueden ser tratados en conjunto, lo que impide que el Parlamento continúe avanzando eficazmente en este asunto. Cabe recordar que el veto del presidente se formalizó en 2025; el primero tuvo lugar el 18 de febrero, concerniente a la propuesta que busca restablecer el costo de los viajes a América Central, fijándoles un precio de $100, y a la República Dominicana, con un costo de $120.

La razón detrás de este veto radica en el impacto anticipado que podría tener el turismo, ya que el gobierno considera que los turistas de otros países reducirán su tiempo de permanencia en el país.

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Casi tres meses después …

El 18 de mayo marcará el final de tres meses desde que se vetó la propuesta de Eli Feinzaig, que busca liberar las restricciones a los vuelos. A pesar de los intentos por encontrar un momento adecuado para discutir este tema, la situación ha sido complicada y hasta ahora no se han logrado avances significativos.

Originalmente, se había planeado discutir este tema a finales de febrero, pero eso no fue posible, lo que generó disputas en el Estado Partido. Sostuvieron que ya se había pasado el tiempo para que un miembro del Parlamento lo presentara, lo que impidió su avance. Luego, se fijó el 11 de marzo como una nueva fecha, pero volvió a cambiarse antes del 18 de marzo, y ese día tampoco se llevó a cabo la discusión.

Desde entonces, no se ha definido una nueva fecha para abordar el asunto, a pesar de los reiterados reclamos de Pilar Cisneros. En el PLP, han manifestado que cuentan con los votos necesarios para revertir el veto; no obstante, están en espera del momento propicio para hacerlo.

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Regulaciones y sanciones

También en febrero, poco después de ejercer el poder de veto sobre los vuelos de bajo costo, el presidente Chaves aplicó un veto similar a los documentos titulados “leyes para garantizar una regulación sobre las comisiones”. Esta decisión fue motivated por consideraciones de efectividad, conveniencia y gobernanza. La iniciativa, liderada por la subdirectora general Daniela Rojas en Pusc, busca que el gobierno controle los proyectos de ley durante el período en el que están en discusión y, si no se indican, se define que la regulación debe establecerse dentro de los seis meses.

Esta propuesta también incluye sanciones para aquellos que violen la ley; es decir, aquellos que no cumplan con la regulación en los tiempos establecidos. Las sanciones se aplicarían bajo la ley penal por el incumplimiento de las obligaciones que dependen de cargos públicos. Actualmente, la sanción podría incluir penas que van de 1 a 3 años de prisión para funcionarios públicos en caso de incumplimiento.

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Último

El martes, la Asamblea Presidencial de CASA envió a la Asamblea Legislativa la propuesta de veto para consolidar una pensión para los agentes del OIJ a partir de los 55 años, después de haber trabajado durante 30 años. Chaves había advertido anticipadamente que esta propuesta sería vetada, y actualmente los alternativos están buscando la forma de retomar el tema.

Oscar Izquierdo, jefe de la clase, señaló que “lamentablemente, la posición del Secretario y del Presidente está justificada” ya que considera que este proyecto de ley contaba con fundamentos legales y numéricos que demostraron que estaba en condiciones de ser aprobado. Alejandra Larios, por su parte, quien fue la delincuente encargada de anunciar el documento durante el período actual, ha manifestado su compromiso con la legalidad y la justicia de la propuesta, afirmando que todavía busca los votos necesarios para revocar el veto.

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