El presidente Rodrigo Chaves y la Ministra de Planificación, Marta Esquivel, han hecho un llamado de alerta respecto a un nuevo proyecto de ley que se propone modificar el primer mandato del Defensor del Pueblo relacionado con el Defensor del Pueblo para el OIJ. Ellos han expresado sus preocupaciones sobre esta iniciativa legal, que podría implicar la anulación del Fondo de Pensiones Judiciarias. Esta medida, según Chaves, generaría una serie de complicaciones significativas no solo para los empleados judiciales, sino también para el sistema de pensiones del país.

“Queremos que todos sepan que este gobierno está comprometido a resolver los problemas que han surgido por la reciente sesión legislativa. Si la ley es adecuada, ya existe una propuesta que contempla la eliminación del fondo de pensiones del poder judicial. Esto es esencial para mantener la estabilidad de nuestros funcionarios y para fortalecer el fondo de pensiones para la Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).” Así, los afiliados a este fondo podrían beneficiarse bajo las condiciones de discapacidad, edad avanzada y fallecimiento.

Chaves fue claro en su crítica acerca de la decisión que toma la asamblea al aceptar esta propuesta. En su opinión, no se especifica de dónde se obtendrán los recursos necesarios para cubrir las jubilaciones que la ley contempla. Asimismo, instó a los funcionarios judiciales a tomar en cuenta que se está planteando la eliminación de esta pensión para un grupo selecto de ellos.

El pasado martes, el presidente aprobó una ley en la Asamblea Legislativa, que modifica la edad de jubilación del Tribunal de Defensor del Pueblo de la Justicia (OIJ), permitiendo que algunos funcionarios puedan renunciar a edad temprana, es decir, a los 55 años. Esta propuesta fue introducida en el año 2021 por Donoulescu, un adjunto del CEO, y se hizo pública a través de la voz de la diputada libertaria Alejandra Larios.

El 22 de abril, 40 suplentes votaron a favor de esta legislación, pero el fallo fue contrario a muchas expectativas. Un grupo de legisladores está actualmente tratando de reunir los votos necesarios para revocar las leyes que están siendo objeto de este veto presidencial.

Las razones

Este miércoles, el gobierno utilizó una conferencia de prensa para explicar las razones que impulsaron su veto a este proyecto de ley. La Ministra Esquivel señaló que la estructura de gobernanza que se planteaba en la nueva ley infringía el Artículo 33 de la Constitución Política, creando desigualdades entre las fuerzas policiales y los funcionarios del poder judicial.

Esquivel también informó que el Fondo de Pensiones Judiciales ha estado en crisis desde el año 2017, lo que obliga a realizar cambios pertinentes para asegurar su sostenibilidad. Por lo tanto, el presidente Chaves y Esquivel coinciden en que estas reformas son necesarias para preservar el equilibrio logrado tras las modificaciones realizadas en 2017.

En este contexto, Randall Zúñiga, director del OIJ, defendió la necesidad de un informe actuarial reciente, que indicaba una solvencia del fondo que alcanzaba el 97%. “Esta situación es muchísimo mejor que la que se vivía cuando fui elegido, donde el índice de solvencia era del 84%,” explicó Zúñiga, haciendo referencia a los estudios actuariales previos.

Además, mencionó que en la agencia se registra un número significativo de jubilaciones prematuras en comparación con otros sectores públicos. “Cada uno de los servidores que se retiran deja de generar aportes al sistema en términos de discapacidad, ingresos, y también en caso de deceso, lo que impacta a sus pensiones,” añadió, refiriéndose a la particular situación de los funcionarios del OIJ, que continúan contribuyendo al 13% del fondo de pensiones.

Van a ir

El gobierno también argumentó que, bajo esta nueva iniciativa, el personal elegible para pensiones aportaría un valioso nivel de experiencia al OIJ. “Esto podría tener un impacto negativo para el público en general, dado que los agentes más experimentados dejarían el OIJ, especialmente en áreas críticas como los delitos penales y el narcotráfico,” comentó Randall Zúñiga, subrayando la importancia de conservar a su personal capacitado.

Se estima que en el año 2024, un tribunal de justicia podría prescindir de unos 300 funcionarios calificados dentro de la agencia desde 2018 si se lleva a cabo esta propuesta.

Por último, el gobierno también argumentó que si el Fondo de Pensiones Judiciales no es sostenible, sus costos tendrán que ser cubiertos por el presupuesto nacional, afectando así a la población costarricense en su conjunto. “Estos beneficios son respaldados por un costo elevado, ya que el poder judicial no genera ingresos. Se financia a través de lo que producen los ciudadanos costarricenses,” concluyó Nogui Acosta, ministro de Finanzas.

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