Randall Zúñiga, el director del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), respondió al veto presentado por el Gobierno de la República, el cual se instituyó a partir del proyecto de ley que tiene como objetivo proporcionar a los agentes de pensiones la posibilidad de jubilarse a la edad de 55 años tras haber prestado 30 años de servicio. Esta decisión ha generado un debate importante en el ámbito judicial y tendrá repercusiones en la vida de los trabajadores afectados.

Durante el transcurso de la tarde, la ministra de Planificación, Marta Esquivel, acompañada por Alejandro Barrantes, viceministro del Presidente, se presentó en la Asamblea Legislativa para presentar dicho veto. Este veto requiere un mínimo de 38 votos en la Asamblea para poder avanzar en el proceso legislativo, lo que aumenta la presión sobre los legisladores.

Zúñiga subrayó que el proyecto de ley, en su discusión anterior, recibió 40 votos a favor, lo que le hace confiar en que se logrará el mismo apoyo para el registro del veto. La expectativa es que los parlamentarios continúen respaldando esta iniciativa que busca mejorar las condiciones laborales y de vida de los agentes de pensiones.

“Esperaríamos que durante este mismo período se examine el proyecto de ley y que continúe formando parte de lo que los diputados y diputadas apoyan, ya que es esencial para el bienestar de muchos”, afirmó Zúñiga en una declaración hecha la noche del martes.

Diferencia

Una de las justificaciones que ofrece el Gobierno es que las pensiones en cuestión son insostenibles, y se argumenta que el poder judicial enfrenta un verdadero dilema financiero. Sin embargo, Zúñiga contradice esta afirmación al señalar que un informe actuarial reciente revela que la solvencia del fondo de pensiones alcanza un 97%, lo cual es un buen indicador de estabilidad y sostenibilidad.

“Esto es significativamente mejor que hace un par de meses cuando se había comprobado una solvencia del 84%. Es importante señalar que ese 84% se basaba en un estudio actuarial de 2020, el más reciente hasta entonces”, especificó Zúñiga, enfatizando así que la situación actual es favorable.

Además, defendió el hecho de que los agentes del OIJ, en comparación con otros servidores públicos, reciban hasta tres veces más en compensación por sus servicios, lo cual es un punto crucial en este debate.

“No solo eso, todos los servidores públicos que se retiran actualmente enfrentan una serie de factores como discapacidad, muertes y viajes que les impiden disfrutar plenamente de su pensión. En el caso de los funcionarios de la corte, estos siguen contribuyendo con un 13% a sus fondos de pensión incluso después de su retiro”, añadió Zúñiga.

Es relevante mencionar que el veto enviado esta tarde al Congreso consiste en un documento de 319 páginas que incluye la evaluación actuarial del Fondo de Jubilación y Pensiones del Judicial para el año 2024.

Defender al público

Rodrigo Chaves, el presidente de la República, había anticipado hace semanas que si este proyecto de ley se aprobaba, él lo sometería a veto. La razón detrás de esta anticipación radica en su preocupación por el bienestar del público, ya que considera que no debería permitirse la jubilación a la temprana edad de 55 años sin un análisis más profundo de las implicaciones que esto podría tener para el sistema de pensiones en su conjunto.

Chaves intentó justificar su postura comparando la situación de los policías y los funcionarios de la corte, subrayando que los primeros enfrentan circunstancias de trabajo más peligrosas.

“Los policías enfrentan situaciones mucho más riesgosas que aquellas a las que se enfrentan los funcionarios judiciales, lo cual es un factor clave en este debate. Por ejemplo, los policías a menudo deben cargar con equipo pesado como mochila y suministros, mientras que los funcionarios judiciales, como Maynor Martínez, poseen un papel y días de rotación más predecibles”, argumentó Chaves.

Ante estas afirmaciones, Zúñiga contrapuso que la jornada laboral de los funcionarios judiciales no debe subestimarse, indicando que estos recogen un promedio de 3.000 horas de trabajo al año, a diferencia de otros cuerpos policiales que laboran entre 2.000 y 2.244 horas anuales como máximo.

El Gobierno defendió el veto con varias afirmaciones, que incluyen:

• Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
• Afectaciones a los principios de justicia y razón.
• Violaciones al principio de sostenibilidad financiera del sistema.

Este proyecto había sido presentado originalmente por el subdirector general Dragos Dolanescu en 2021 y posteriormente impulsado por la diputada libertaria Alejandra Larios durante el actual período legislativo.

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