Tras el veto ejercido por el presidente Rodrigo Chaves a la ley que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa con el fin de fortalecer la pensión del Instituto de Investigación Judicial (OIJ), los suplentes han expresado sus opiniones al respecto. La situación ha generado preocupación y descontento entre los legisladores, quienes prometen buscar una regulación adecuada para que esta propuesta se convierta en ley de la República.

Desde que la nación obtuvo su libertad, ha habido diversos puntos de vista legislativos que han abordado las implicaciones de este veto. Oscar Izquierdo, jefe de la clase, expresó su descontento diciendo: “Desafortunadamente, la postura del Secretario y del Presidente está justificada, pero el proyecto de ley contaba con fundamentos legales y argumentos numéricos sólidos que respaldaban su aprobación.” Asimismo, subrayó la importancia de los funcionarios del OIJ, que son esenciales para la seguridad de los costarricenses, afirmando: “No podemos olvidarlo, y la justicia debe ser hecha. Buscaremos los votos necesarios para avanzar con esta ley.” Su mensaje fue apoyado por Alejandra Larios, quien se mostró firme en su postura y reafirmó su intención de buscar el apoyo legislativo necesario.

“Sigo convencida de que esta es una cuestión legítima y justa. Seguiré trabajando para conseguir los votos que se necesitan para restaurar el proyecto,” agregó Larios, quien había presentado el documento en la actual legislatura, luego de su debut en 2021 por parte de Dragos Donolescu. Para que un nuevo intento de restaurar el proyecto desde la casa presidencial tenga éxito, se requiere un mínimo de 38 votos; es importante recordar que la propuesta originalmente fue aprobada durante el segundo debate con 40 votos a favor.

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“Revanchismo”

Monserrat Ruiz, también ha manifestado su preocupación al calificar el veto del Presidente como una acción revanchista. “Parece que estamos ante otra venganza del Presidente contra el sistema judicial,” afirmó Ruiz. Su intervención señala que “no es casualidad que coincidan sus discursos con las acciones que afectan a los partidos que lo investigan, principalmente el Ministerio Público y el OIJ, que están investigando diversas causas de corrupción en su contra y de varios ministros.” Ruiz insistió en que este gobierno ha implementado una serie de vetos y aseguró que esta tendencia podría continuar afectando el trabajo de la Asamblea Legislativa.

Desde el Partido de Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio, Alejandro Pacheco y Rocío Alfaro han lamentado la decisión del Presidente y han discutido la posibilidad de restaurar la ley. “Esto representa un obstáculo, pero continuaremos trabajando ya que la Constitución establece que los agentes del OIJ pueden retirarse a la edad correspondiente. Debemos llevar la propuesta nuevamente a la legislatura,” afirmó uno de los representantes del Frente Amplio. Otro miembro social cristiano expresó su descontento, señalando: “Es lamentable que el presidente no apoye a los oficiales del OIJ que trabajan incansablemente durante días y horas. Planeamos regresar al Parlamento y discutir la situación como el procedimiento a seguir. Es crucial brindar nuestro apoyo a estos agentes.”

El veto y el proyecto

El presidente Chaves manifestó su veto al proyecto mencionando “razones relacionadas con la oportunidad, la conveniencia y la gobernanza.” En el documento enviado al Parlamento, se detalla que “tras un exhaustivo análisis del contenido del fallo, se concluyó que la norma presenta una violación grave que afecta los principios del sistema de justicia y vulnera derechos constitucionales.” Se identificaron tres factores clave que sustentan la decisión del veto, que incluyen:

• Violaciones de la igualdad ante la ley.
• Lesiones a los principios de técnica razonable y unión.
• Infracción del principio de sostenibilidad financiera.

El objetivo del proyecto es permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a su pensión a partir de los 55 años. Para poder beneficiarse de esta jubilación anticipada, los funcionarios deben cumplir con ciertos requisitos, siendo el principal contar con al menos 30 años de servicio dentro de la institución.

Este sistema les permite recibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, calculados de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo período, con recaudación a través de servicios gubernamentales. Adicionalmente, el proyecto incluye artículos específicos que explican el proceso para llevar a cabo la jubilación anticipada si no se cumplen con todos los años requeridos para el retiro.