El presidente Rodrigo Chaves ha tomado una decisión importante al presentar un veto contra las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa. Estas leyes tenían como objetivo reducir la edad de pensión del Tribunal de Defensor del Pueblo de la Justicia (OIJ) y permitían que los agentes pudieran renunciar a los 55 años. Esta medida ha generado un considerable debate y discusión en el ámbito político y social del país.

La propuesta originalmente fue presentada en 2021 por Donoulescu, quien se desempeñaba como CEO adjunto, y fue dada a conocer durante este periodo por la representante libertaria Alejandra Larios. En esta propuesta, se contemplaba un cambio significativo en las condiciones de jubilación de los agentes del OIJ.

El 22 de abril, se aprobó de manera permanente un conjunto de 40 suplentes, y dicho fallo se produjo a través de una votación en la que se manifestaron opiniones diversas, ya que varios legisladores estaban en desacuerdo con esta modificación a la ley.

El veto emitido esta semana provino de la oficina presidencial, que se describió como “de oportunidades, comodidades y estructuras organizativas”. Este documento vetado, enviado al Parlamento, consistía en un total de 319 páginas e incluía una evaluación actuarial del fondo de pensiones y pensiones del poder judicial para 2024.

El presidente Chaves expresó que, tras un análisis exhaustivo del contenido del fallo, se determinó que la norma presentó una grave violación de principios de gobernanza, lo que afectaría las sanciones establecidas y podría influir negativamente en los derechos constitucionales de los ciudadanos. A lo largo del veto, se señalaron tres factores clave que llevaron a esta decisión:

• Violaciones al principio de igualdad ante la ley.
• Infracciones a los fundamentos de la técnica razonable y la equidad.
• Transgresiones a la sostenibilidad financiera del sistema.

Las advertencias del presidente Chaves sobre el veto no llegaron como una sorpresa, ya que había enfatizado semanas atrás que la ley se enfrentaría a un rechazo. Su intención es defender al público, argumentando que no es viable permitir que las personas se pensionen a los 55 años, una medida que considera detrimental para la seguridad económica de los ciudadanos en el futuro. Para ilustrar su postura, comparó las realidades laborales enfrentadas por agentes de policía, quienes deben lidiar con situaciones peligrosas y exigentes.

“Los oficiales de policía enfrentan riesgos constantes, incluyendo condiciones dificultosas como el transporte de equipos pesados y la presencia en entornos de alto riesgo,” dijo Chaves, mencionando el caso de agentes como Maynor Martínez, quien recientemente dejó su puesto.

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Lo que estaba en juego

El proyecto de ley inicialmente iba a permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) se jubilaran a los 55 años. Para calificar para esta jubilación anticipada, sería necesario que los funcionarios cumplieran con ciertos requisitos, siendo uno de los más importantes tener un mínimo de 30 años de servicio dentro de la organización.

Este proyecto ofrecía la posibilidad de acceder a pensiones equivalentes al 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales de los agentes, incluyendo ajustes de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC), así como con tarifas establecidas por los servicios gubernamentales.

Además, el proyecto incluía detalles en su artículo 226 sobre cómo llevar a cabo jubilaciones anticipadas si no se cumplían ciertos años de servicio. El texto explicaba que:

“Si el retiro ocurre cuando el servidor cumple con el requisito de edad o ha atendido los años necesarios, pero no llega a completar los 30 años necesarios, la jubilación no se calculará de forma proporcional. Sin embargo, una vez atendida la cantidad de años requerida, se calculará un monto a partir del promedio especificado en el artículo anterior, multiplicando por el tiempo de servicio y dividiendo entre treinta.”

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