El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, emitió una respuesta contundente al discurso de responsabilidad presentado por el presidente Rodrigo Chaves. Su respuesta no solo se limita a una defensa de la independencia judicial, sino que también establece un claro marco sobre la conducción del discurso político en relación al sistema judicial del país.

En su declaración, rechaza “categóricamente cualquier intento de delegar el trabajo judicial a través de acusaciones que carecen de cuidado, las cuales son potencialmente difamatorias o abusivas, dirigidas hacia funcionarios y operativos del sistema judicial”. Este enérgico pronunciamiento subraya la importancia de proteger la integridad de las instituciones y sus miembros contra ataques infundados que podrían socavar su autoridad y eficacia.

Aguirre señala la relevancia de la estructura democrática en Costa Rica, destacando que el país se basa fundamentalmente en la separación de poderes, lo que significa que ningún poder del estado puede estar supeditado a otro. Resaltó que el equilibrio entre los poderes es crucial para la estabilidad política y social del país.

“Explicaciones como la producción en este discurso, donde se hace referencia a asuntos ‘fiscales corruptos’, se sugiere la existencia de una ‘red de atención’ y se acusa implícitamente un uso político de la justicia, no solo son infundadas, sino también peligrosas para el equilibrio democrático y el respeto mutuo entre los poderes del estado”, expresó Aguirre.

El presidente de la Corte Suprema enfatiza que la introducción de acusaciones de corrupción o insinuaciones de manipulación política del sistema penal No es una práctica legal propia de la crítica democrática. Este punto es crucial, ya que sugiere que las críticas deben ser fundamentadas y constructivas, en lugar de destructivas e infundadas. La integridad del poder judicial no debería verse comprometida por descalificaciones sin fundamento.

“Más bien, es una forma de quejas públicas que transgrede los principios de responsabilidad política y respeto entre los poderes que son reclamados por nuestro sistema republicano,” añadió Aguirre.

Además, Aguirre hace hincapié en que el poder judicial no se encuentra ajeno a desafíos o expectativas de mejora en su funcionamiento. Sin embargo, subraya que estos procesos deben llevarse a cabo con el debido respeto y no convertirse en un debate en la esfera pública, donde las acusaciones pueden ser usadas como herramientas políticas. La administración de justicia, indica, es un compromiso fundamental que debe preservarse ante la presión del debate político.

“No estamos interesados en hacer enfrentamientos. Nuestro deber y nuestro enfoque están dirigidos a mejorar la administración de la justicia y continuar trabajando en el servicio del país”, concluyó Aguirre.