Antes de la finalización de las reuniones ordinarias y al concluir el tercer año de la actual Legislatura, el Comité de Medio Ambiente tomó una decisión crucial al aprobar los documentos 23,783, que son conocidos como “regulaciones alarmantes de pesticidas para la salud y el medio ambiente”. Esta iniciativa resalta la creciente preocupación por el impacto que los pesticidas tienen en los ecosistemas y la salud pública.

El proyecto de ley fue impulsado por la diputada independiente Kattia Cambbonero, y se logró una aprobación unánime, lo que refleja un consenso considerable en el tema. Esto se dio tras la implementación de ciertas enmiendas al texto inicial que se había presentado ante la Legislatura, asegurando así un cumplimiento más eficaz de los objetivos planteados.

El propósito principal de esta legislación es el control riguroso sobre el uso de pesticidas en la agricultura, especialmente aquellos que pueden provocar la contaminación del agua, un problema grave en regiones como Cipreses de Orreamuno, donde la calidad del agua se ha visto comprometida por prácticas agrícolas desmedidas.

“Se ha llevado a cabo un diálogo abierto con todos los actores involucrados. El resultado fue un voto positivo que contó con el apoyo de todos los miembros del Comité, luego de una exhaustiva revisión y discusión con el sector importador, logrando así un consenso sobre las moléculas y los textos de reemplazo utilizados”, afirmó la diputada Cambbonero en una reciente entrevista.

La Legislatura señaló la importancia de los cambios efectuados, subrayando que, aunque se buscó mantener gran parte del contenido original, era esencial llegar a acuerdos que promovieran el avance de la iniciativa. “Algunos fragmentos del texto fueron modificados, se eliminaron las listas de impuestos sobre la prohibición y se confirmó la metodología para la evaluación regular de los pesticidas más peligrosos”, agregó.

Un aspecto notable fue la eliminación de la exención del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que aplicaba a todos los pesticidas; sin embargo, se hizo una excepción para aquellos considerados extremadamente peligrosos, quienes seguirán bajo un régimen de control más estricto.

Pese a esto, el documento está destinado a pasar a manos de un miembro del Parlamento y es probable que regrese para mayor revisión, considerando las propuestas adicionales bajo el Artículo 137 de la legislación vigente. “La exención fue retirada, pero seguirá siendo un punto de debate, ya que buscamos mantener la excepción para los insecticidas que son clasificados como muy peligrosos”, enfatizó la diputada Cambbonero.

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Proceso de Aprobación Lento

Este proyecto fue presentado por Cambonero, junto con un grupo diverso de firmas que apoyaban su causa, en junio de 2023 y la versión final fue aprobada en octubre de 2024. No obstante, se experimentó cierta parálisis en el Comité de Medio Ambiente debido a la acumulación de otros proyectos, lo que retrasó el avance por varios meses. Finalmente, fue el 29 de abril cuando se tomó la decisión de aprobar el fondo y fue sometido a una evaluación positiva, lo cual permitió su progreso hacia la aprobación final.

Respecto a los pesticidas considerados muy peligrosos, son las autoridades del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y Energía, así como las de Agricultura y Ganadería, las encargadas de supervisar la elaboración de una lista de pesticidas que representan un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente. “Esta lista deberá incluir ingredientes activos de grado técnico o pesticidas sintéticos que han sido prohibidos en múltiples países”, establece el texto de la propuesta.

Las organizaciones involucradas deberán actualizar esta lista dos veces al año para reflejar los cambios en la regulación y en las ciencias pertinentes.

El proyecto busca la prohibición de 16 pesticidas extremadamente peligrosos, tales como clorotalona, ​​glifosato, paraquat, fipronilo, dimetoato, carbosulfán, bromuro de metilo, estreptomicina, gentamicina, oxitetraciclina, kagacamicina, bromacilo, carbofurano, endosulfán y alaclor. Se ha estipulado que estos pesticidas no podrán ser utilizados en el país, ya que los principios activos han sido prohibidos en el setenta por ciento (70%) o más de los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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