En una reciente votación, un total de 33 delegados dieron su aprobación en el segundo y último archivo de debate del proyecto 24,495, que consiste en una reforma integral de la Ley de Procedimiento Penal. Esta reforma otorga a la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) la capacidad de realizar redadas las 24 horas del día, incluso durante días festivos. Esto representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan las operaciones policiales en el país.

A pesar de la aprobación, el proyecto no estuvo exento de controversia, ya que recibió siete votos en contra, principalmente de miembros del descanso oficial. La líder de la fracción del partido en el poder, Cisneros Pilar, expuso a Grupo Extra las razones por las cuales decidieron rechazar el plan en su totalidad.

Cisneros mencionó que el rechazo se debió a una observación crítica sobre la redacción del texto legislativo. Este establece que para llevar a cabo redadas en horarios ‘especiales’, es decir, fuera de las horas normales, se requiere un permiso especial o una declaración de peligro específico. Esta estipulación se vuelve crucial, ya que pavimentar la realización de redadas fuera de los horarios convencionales debe estar justificado para casos que sean considerados ‘graves’ o ‘urgentes.’

La diputada argumentó que este requisito de “aviso previo” podría aumentar el riesgo para los delincuentes, al darles la posibilidad de adelantarse a las acciones de la policía. Insistió en que, aunque respaldan la intención general del proyecto, no encontraron reciprocidad por parte del diputado que lo propuso, lo que llevó a su decisión de votar en contra de la reforma.

Cambio esencial

Por otro lado, la diputada del Partido Nacional de Liberación (PLN), Monserrat Ruiz, quien fue una de las principales proponentes de la reforma, indicó que este tipo de medidas son cruciales y necesarias dados los alarmantes niveles de homicidio y otros delitos de crimen organizado que enfrenta el país. Ruiz recordó que Costa Rica es uno de los pocos países que aún tenía restricciones temporales para la ejecución de redadas, lo cual limitaba la eficacia de la policía judicial en la recopilación de pruebas y la detención de sospechosos.

Ruiz enfatizó que esta reforma ayudará significativamente a disminuir el crimen y ofrecer confianza al ciudadano.

La legisladora independiente, Gloria Navas, también se expresó al respecto. Comentó que, además de enfrentar problemas sociales y económicos, la sociedad democrática se ve comprometida ante un aumento de muertes violentas y la ineficacia de las leyes que se están aprobando. “La violencia no ofrece respuestas, no disminuye, y no nos preguntamos cuáles son las causas. Esto debería obligar a una reflexión sobre las políticas públicas que están en juego”, afirmó Navas.

Subrayó que, si bien esta reforma es un paso crítico para facilitar las redadas dentro del marco legal establecido, es importante recordar que la simple aprobación de leyes no resolverá todos los problemas relacionados con la criminalidad. También es necesario que se priorice la prevención y la ejecución efectiva de las normativas.

Ahora, el proyecto de ley se encuentra en manos de la casa presidencial, esperando la firma del presidente Rodrigo Chaves, lo que marcará un nuevo capítulo importante en la lucha contra la delincuencia en el país.