La Corte Suprema de las elecciones (TSE) ha dejado claro que el magistrado Zetty construye Valverde no ha sido apartado de la investigación que gira en torno a la acusación de una supuesta exención política que pesa sobre el presidente de la República, Rodrigo Chaves. Este detalle es crucial, ya que indica que el proceso sigue en marcha y que aún debe esclarecerse un conjunto de circunstancias que afectan a la administración actual.

Gustavo Román Jacobo, quien es parte del tribunal de la corte, destacó que el proceso de desafío no ha culminado, todo lo contrario, apenas empieza a tomar forma. Esta es una indicación de que el TSE se toma muy en serio las cuestiones electorales y todos los aspectos que puedan poner en entredicho la integridad de la próxima elección.

En sus declaraciones, Román explicó que la Corte Suprema de elecciones no resolvió aún el desafío planteado por el Presidente de la República en relación a un archivo de protección electoral que fue comunicado antes de la Semana Santa. Esto demuestra que el tribunal sigue un proceso riguroso de revisión y análisis, asegurándose de que todas las piezas del rompecabezas legal estén en su lugar antes de emitir cualquier fallo.

“El fallo que la Corte Suprema de elección ha asumido hoy es parte del proceso estipulado en el Código de Procedimiento Civil en el campo del desafío. No ha resuelto, sin embargo, la gestión del análisis para impedir o separar la construcción de magistrados en una forma definitiva de conocimiento de la apelación para la protección electoral”, subrayó Román, dándole a entender así al público que el camino legal es largo y aún quedan muchas aristas por abordar.

Asunto

En una conferencia de prensa llevada a cabo tras el Consejo de Gobierno del miércoles, el jefe del asesoramiento legal del presidente de la Casa, emitió una opinión importante sobre el estado actual del proceso. El politólogo Claudio Alpízar no habría presentado una protección electoral ante el TSE, sino que su acción se califica más bien como una queja en el contexto de la guerra política. Este aspecto es crucial, ya que delimita el alcance de la controversia existente entre el gobierno y sus cuestionadores.

En esta queja, el apelante presenta 14 puntos que, según Mora, son más subjetivos y se centran en valoraciones sobre las intenciones del presidente Chaves para postularse a un cargo electoral. Mora argumentó que las manifestaciones realizadas durante la gira del presidente y en conferencias de prensa podrían influir negativamente en la percepción pública y en el ambiente electoral general.

Además, Mora enfatizó que su criterio sostiene que las elecciones de AMPAROS no se sustentan sobre hechos concretos, lo que podría debilitar el caso. También apuntó que el magistrado Valverde, quien está instruyendo sobre el tema de la guerra política, debe responder a la controversia. Según Mora, este magistrado ha reescrito los 14 hechos presentados por Alpízar, modificando aspectos clave para adaptarlos a una solicitud de amparo. Esto da origen a una gestión que podría no corresponder adecuadamente a su función legal.

En este sentido, Mora concluyó que la actuación del magistrado ha sobrepasado las funciones que le son propias, transformando así una acción que inicialmente no persiguió la protección electoral, ajustando el formato para encajar en esa categoría. Concluir que la Casa Presidencial tiene justificaciones suficientes para solicitar el desafío del magistrado es un paso más en la complejidad de este proceso que podría tener repercusiones significativas para el futuro político del país.