La Reunión legislativa ha dado un paso significativo al respaldar, con una clara mayoría de 41 votos a favor en un segundo debate, una propuesta de ley que establece sanciones para aquellas personas que introduzcan teléfonos celulares o dispositivos satelitales en los centros penitenciarios de Costa Rica. Esta legislación es crucial para enfrentar uno de los problemas más apremiantes en el sistema penitenciario del país.

Este proyecto de ley se identifica como el expediente 24162 y lleva por título “Ley para afectar penalmente a las personas que ingresan a teléfonos celulares, satélite u otros medios de comunicación o medios electrónicos en los centros de prisión de Costa Rica”. Se trata de una iniciativa presentada en el año 2024 por el Ministerio de Justicia y Paz, con el pleno apoyo del poder ejecutivo y del banco oficial, lo que resalta su importancia y la necesidad urgente de abordarlo.

Este proyecto también se ha integrado en la agenda de iniciativas prioritarias de seguridad que han sido definidas por los poderes del Estado, subrayando su relevancia en la estrategia gubernamental para mejorar la seguridad en las prisiones.

¿Cuál es el objetivo de esta propuesta?

La ley propuesta establece penalidades concretas para quienes faciliten la introducción de estos dispositivos prohibidos:

• Se contempla una pena que oscila entre dos y cuatro años de prisión para aquellos que faciliten, instituyan o adquieran teléfonos celulares, satélites u otros dispositivos tecnológicos en las penitenciarías.
• Específicamente, se refiere a dispositivos que habiliten la comunicación con el exterior, lo que representa una clara violación a las normas de seguridad y control dentro de los centros carcelarios.
• Además, se prevén sanciones igualmente severas, de entre dos y cuatro años, para las personas que importen tarjetas SIM, enrutadores, adaptadores de red, cargadores o cables que se utilicen en tales aparatos.

Sanciones adicionales para funcionarios públicos

La legislación es aún más estricta en el caso de que los infractores sean funcionarios públicos. En tal escenario, las penas se intensifican, lo que muestra el compromiso del Estado por mantener la integridad del sistema penitenciario:

• Las sanciones se incrementan en un tercio si el culpable es un servidor público, así como para aquellos proveedores que ofrezcan servicios o productos dentro de la prisión.
• La ley también aborda la problemática de los defensores que, en el ejercicio de su profesión, pudieran intentar introducir estos dispositivos, así como cualquier otro individuo que haya obtenido autorización especial para acceder a las cárceles.

Con la aprobación en la Asamblea, el siguiente paso es que el proyecto sea presentado al poder ejecutivo para su respectiva firma y posterior promulgación como ley de la República, lo que marcará un avance significativo en el control y la regulación del uso de tecnología dentro de las cárceles de Costa Rica.