En una sesión legislativa que tuvo lugar el pasado jueves, se aprobó una importante iniciativa normativa en un debate que se volvió crucial para la seguridad y el orden social en Costa Rica. Esta nueva legislación consiste en una lista de 24,162, que tiene como objetivo castigar a quienes ingresen ilegalmente teléfonos móviles, satélites y otros dispositivos de comunicación electrónica en los centros penitenciarios del país. Este proyecto fue presentado por la autoridad ejecutiva, y había estado en consideraciones desde octubre del año anterior.

La semana pasada se llevó a cabo el primer debate sobre esta iniciativa, y finalmente fue aprobada por 41 votos en la asamblea legislativa, destacando la importancia que tiene este tema para la seguridad nacional. El nuevo marco legal busca frenar el uso indebido de estos dispositivos por parte de los reclusos, quienes en muchos casos han utilizado teléfonos móviles para cometer diversos delitos desde el interior de las prisiones.

Según la normativa aprobada, se establecerá una pena de prisión de dos a cuatro años para aquellos que sean sorprendidos ingresando ilegalmente estos medios de comunicación al sistema penitenciario. Esto se enmarca en un esfuerzo más amplio para garantizar que se respeten las reglas dentro de las instituciones donde están recluidos los individuos que han infringido la ley.

El texto de la ley, que fue consensuado en el Parlamento, establece claramente que:

“Se impondrá la multa de dos o cuatro años de prisión, por el simple hecho de poseer, presentar, facilitar o adquirir por cualquier medio la entrada a una institución penal de celulares, satélites u otros dispositivos de comunicación, así como sus componentes técnicos y tarjetas SIM”.

Un factor determinante para la creación de esta ley ha sido el incremento de casos de fraude y extorsión cometidos a través de llamadas telefónicas desde los centros de detención. Muchas personas han sido víctimas de engaños perpetrados por reclusos utilizando teléfonos que, en muchos casos, son introducidos al penal gracias a visitas externas. Este nuevo marco legal busca disuadir tales prácticas delictivas que ponen en jaque la seguridad de los ciudadanos.

Es importante mencionar que la pena de prisión puede incrementarse en un tercio si el infractor resulta ser “un funcionario público, proveedores de servicios, o productos en instalaciones penitenciarias”, así como “abogados que, en el ejercicio de su profesión, sean sorprendidos facilitando la entrada de estos dispositivos sin contar con la autorización correspondiente”.

Para más información, se anima a los lectores a revisar las últimas discusiones en torno a las sanciones establecidas, que apuntan a castigar con rigor a quienes intentan introducir teléfonos en las prisiones.