El proyecto de ley, conocido como archivo 23.908, que busca ofrecer una mayor protección a los usuarios frente al fraude bancario y que establecerá la responsabilidad de los bancos tanto públicos como privados en estos casos, se encuentra casi listo para ser votado en la compensación. Este avance es un hito significativo en el proceso legislativo, posicionando el proyecto como una posible solución a un problema que ha afectado a muchos ciudadanos.

La iniciativa ha sido impulsada por el jefe de la fracción del Partido Nacional de Liberación (PLN), Oscar Izquierdo, quien ha estado muy activo en este tema. Hasta el momento, el proyecto ha superado la etapa de movimientos de repetición, específicamente en la Sección 137 de la Comisión de Asuntos Legales, lo que indica un progreso considerable en su avance legislativo.

Izquierdo, al hablar con Extra Grupo, mencionó que se espera que las mociones pendientes sean revisadas el miércoles. La mayoría de estas mociones habían sido rechazadas, lo que puede permitir que el proyecto se mueva más rápidamente hacia los siguientes pasos en el proceso legislativo. Después de concluir esta fase, el archivo será discutido nuevamente en el plenario, donde se someterá a votación tanto en el primer como en el segundo debate, lo que es un paso crucial para su eventual aprobación.

El legislador verdiblanco indicó que se aprobó una moción que extendió el plazo para que los bancos respondan de 30 a 60 días. Sin embargo, tras la votación, algunos delegados reconocieron que esta ampliación era un error, por lo que se planteará la necesidad de abrir el tema de nuevo en la Comisión General para rectificar esta disposición. Además, se discutirá la inclusión de un período límite de diez días hábiles para que los bancos devuelvan el dinero a las víctimas de fraude, ante evidencias que demuestren que efectivamente ocurrió una falla en el sistema de seguridad del banco.

“Uno de los elementos más importantes es que la carga de la evidencia en los procesos administrativos y judiciales, la defensa y el medio ambiente del consumidor se invierten ante las entidades financieras a favor de las víctimas, evitando que las personas sean víctimas dobles por el procesamiento innecesario que experimentan hoy cuando enfrentan el fraude informático”, afirmó Izquierdo.

La propuesta de ley también establece la responsabilidad objetiva de las entidades bancarias, dado que son los responsables del dinero y patrimonio de sus clientes. Esto implica que, en caso de pérdida de fondos a causa de fraude por parte de un tercero no autorizado, las instituciones bancarias deben asegurar mecanismos que permitan una recuperación ágil de esos montos. Se estipula que el dinero devuelto será aquel que haya sido claramente identificado como estafa, siempre que haya evidencia sólida que respalde la reclamación.

Es fundamental mencionar que se excluirán de esta protección ciertos casos, como aquellos donde se simule el fraude o se realicen operaciones no autorizadas de manera consciente, lo que conllevaría sanciones que pueden ir de uno a tres años de encarcelamiento. Por lo tanto, se busca un equilibrio entre la protección del consumidor y la penalización de comportamientos fraudulentos.

Izquierdo también señaló que la mayoría de las fracciones legislativas se muestran a favor de avanzar con este plan, aunque reconoció que no hay garantías de que el Ejecutivo se comprometa a implementarlo en el período de sesiones extraordinarias que comenzará en mayo. “Estamos trabajando intensamente para ver si es posible aprobar el proyecto antes de esa fecha”, concluyó.

Por último, es relevante destacar que los datos proporcionados por la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) indican que el fraude bancario afectó a más de 4,000 personas en el año 2024, lo que subraya la necesidad urgente de implementar medidas tal como las propuesta en este proyecto de ley.