En una votación que incluyó a 41 suplentes y sin el respaldo del partido que se encuentra en el poder, la asamblea legislativa ha decidido dejar en pie un importante proyecto de ley que facilita la exención del pago de impuestos sobre el valor agregado (IVA) para aquellos exámenes relacionados con el cáncer de mama, así como para los tratamientos específicos que se requieren en estos casos. Esta legislación tiene como objetivo aliviar las cargas económicas de las familias costarricenses que deben enfrentarse a gastos significativos por este tipo de atención médica, a menudo vital.

La propuesta social, impulsada por la diputada Christian Vanessa Castro, logró la aprobación en el segundo debate, lo que significa que ahora se encuentra en espera de la firma del presidente Rodrigo Chaves para convertirse en ley. De ser firmado, se permitirá que tanto los exámenes diagnósticos como los tratamientos para el cáncer de mama estén exentos del IVA que, actualmente, se sitúa en un 4%.

La legisladora Castro ha enfatizado la importancia de este paso, afirmando: “Este es un avance en la dirección correcta, que permitirá a las familias evitar la angustia de asumir costos tan altos por servicios médicos esenciales”. Para poner esta carga en perspectiva, el costo de una mamografía puede oscilar entre ¢ 95,000 y ¢ 196,000, lo que representa una suma considerable para muchos.

El proyecto de ley también busca mejorar el almacenamiento del Artículo 9, que se centra en el fortalecimiento de las finanzas públicas, con especial atención en todo lo que implica el tratamiento de enfermedades que afectan a una cantidad significativa de mujeres en Costa Rica, en particular el cáncer de mama. En este contexto, el Artículo 9 redactado en el proyecto establece:

Artículo 9: Sin apoyo. No estarán sujetos al impuesto:

(…)

13. Estudios de cáncer de mama, incluida la mamografía, los tratamientos y otras investigaciones adicionales necesarias para el diagnóstico temprano.

Con la ratificación en el segundo debate, el proyecto ha sido enviado al poder ejecutivo, donde el presidente tiene un plazo de diez días para decidir si lo firmará o si ejercerá su derecho de veto. Esta decisión es crucial, ya que la implementación efectiva de las medidas propuestas tendrá un impacto directamente positivo en las vidas de muchas familias que enfrentan la difícil realidad del cáncer de mama.

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