El debate sobre la reforma a la ley 8,754, que busca establecer un marco más robusto para combatir el crimen organizado, ha tomado un giro significativo tras la realización del primer debate el pasado 31 de marzo. Este evento generó opiniones divididas entre los legisladores e intensas dudas sobre las alternativas para abordar varios delitos. A pesar de las controversias, 21 diputados votaron a favor y se decidió que el proyecto se enviara a la Agencia Constitucional para su revisión.

La iniciativa no es nueva, ya que proviene de la administración anterior liderada por Carlos Alvarado, y se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por fortalecer la controvertida jurisdicción de las nuevas capitales, que ha suscitado opiniones polarizadas. Esta propuesta ha sido firmada por parlamentarios de varias fracciones, incluyendo el Pusc, el Liberal Progresista, la Nueva República y el fallo, quienes han expresado su oposición a las reformas planteadas.

Se trata de la segunda ocasión en la que este proyecto es enviado a la Sala IV, luego de que en septiembre de 2024 fuera previamente aprobado en una discusión inicial. En aquel entonces, el Partido Liberal Progresista (PLP) había levantado dudas sobre la propuesta, aduciendo que podría facilitar la “erradicación de un dominio oculto” en las estructuras de criminalidad organizada. Los comisionados del condado, tras un análisis detallado, informaron que no encontraron elementos que respaldaran una estructura organizativa suficiente en gran parte del proyecto, aunque señalaron la posible relación con ciertas normas sobre transferencias de quejas en los medios de comunicación.

En un acto de advertencia, algunos legisladores expresaron su preocupación respecto a la redacción del texto legislativo. Se considera que es “impreciso y muy amplio”, lo que podría llevar a vulneraciones de los derechos de defensa y garantizar una justicia equitativa. Estos comentarios se realizan en medio de un clima legislativo en el que las dudas y los debates se han vuelto rutinarios en torno a este tipo de iniciativas.

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Modificación del Texto

Una vez que el documento regresó a la Asamblea Legislativa, se entregó al Comité Constitucional, donde los miembros acordaron realizar las enmiendas sugeridas. Posteriormente, el proyecto volvió al Comité de Seguridad, donde se elaboró el reglamento necesario para avanzar al Ministerio Público (MP) y, en consecuencia, iniciar un nuevo debate legislativo.

El enfoque principal de esta propuesta es que el Ministerio Público adquiera la capacidad de solicitar medidas cautelares a un tribunal, a fin de asegurar, congelar o verificar activos financieros que pudieran estar relacionados con actividades delictivas, como el lavado de dinero o el enriquecimiento ilegal. Esta acción se podría llevar a cabo incluso antes de que se inicie una investigación formal, un aspecto que ha sido muy criticado por los legisladores que se oponen a la medida.

Uno de los puntos más controversiales de la legislación es la eliminación del umbral económico que se requería previamente para la congelación de productos. Esto significa que la simple sospecha puede ser suficiente para tomar esta drástica medida. Pilar Cisneros, líder del partido gobernante, subrayó que podría haber una congelación de bienes sin las garantías de una acusación formal, lo que puede ser visto como una violación de principios fundamentales del derecho.

La inversión de la carga de la prueba es un elemento crucial que ha generado un fuerte rechazo. Como mencionó Eli Feinzaig del PLP, “ahora la persona es considerada culpable hasta que demuestre su inocencia”, un principio que contradice las normas básicas de justicia y debido proceso. Bajo la nueva normativa, las personas tendrán un período de solo tres días para demostrar el origen de sus propiedades y aclarar su situación, lo que muchos consideran inadecuado e injusto.

Con estas consideraciones, ahora queda a la asamblea resolver la nueva consulta que se ha presentado en torno al proyecto y sus implicaciones para la justicia y los derechos de los ciudadanos.

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