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Jubilación integral de ROP para individuos con enfermedades graves y terminales.

El Reunión legislativa ha marcado un hito importante al contar con 45 votos a favor en el segundo debate para la aprobación de un proyecto de ley que busca permitir el retiro de los fondos de la ROP (Regimen de Pensiones) para aquellas personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedades graves y terminales. Esta iniciativa representa una respuesta significativa a las necesidades de quienes enfrentan situaciones de salud adversas y, como resultado, ha suscitado un gran interés y discusión pública.

Este proyecto, identificado como archivo 22299, es conocido formalmente como “la ley para permitir el retiro total de la pensión de las pensiones complementarias obligatorias a las personas con enfermedades graves”. Se presenta como una normativa crucial que brinda a los ciudadanos una opción de acceso a sus recursos en tiempos de necesidad extrema.

La propuesta fue inicialmente presentada en el período legislativo anterior por el exdiputado del Frent Amplio, José María Villalta, quien ha sido un firme defensor de los derechos de los ciudadanos que enfrentan problemas críticos de salud.

José María Villalta, exdiputado del Frent Amplio.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

El principal objetivo de esta iniciativa es proporcionar a las personas diagnosticadas con enfermedades graves la posibilidad de solicitar el retiro total de los recursos acumulados en sus cuentas de pensiones complementarias obligatorias (ROPC). Según el texto de la propuesta, los solicitantes pueden optar entre jubilarse en un período de hasta sesenta meses o retirar la totalidad de sus recursos. Esto es especialmente relevante para aquellos que padecen condiciones de salud que ponen en riesgo su vida y que, posiblemente, no tienen muchas alternativas viables para prolongar su existencia.

Los requisitos establecidos en la legislación para acceder a esta opción son claros y específicos. Los beneficiarios deben encontrarse en una de las siguientes situaciones:

  • Ser diagnosticados con una enfermedad terminal, debidamente calificada por el Fondo de Seguridad Social Costarricense (CCSS).
  • Haber sufrido una condición de salud grave debido a una enfermedad o accidente, que haya generado cambios significativos en su salud y que represente un riesgo importante para la muerte, con escasas expectativas de tratamiento exitoso según la medicina basada en la evidencia, también calificado apropiadamente por el CCSS.

“Determinar la condición de pacientes graves o terminales debe ser calificado por el médico que intenta CCSS”, menciona el proyecto, subrayando la importancia de procedimientos médicos adecuados para validar estas condiciones.

La expectativa es alta:

Después de la aprobación, el texto del proyecto será enviado al Poder Ejecutivo para su firma y publicación, lo que marcará su entrada como una nueva ley en la República. Este cambio legislativo podría facilitar considerablemente el acceso a los recursos necesarios para muchas personas que se encuentran en situaciones críticas, brindando así no solo un alivio financiero, sino también una oportunidad para gestionar mejor su calidad de vida en momentos de adversidad.

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